Tomás Reyes, un dirigente pasero, manifestó que la COIA se instaló en la cabecera del Puente de la Amistad desde hace unos 10 días y se reforzaron los controles en la zona primaria de Ciudad del Este. Desde entonces, a diario son reprimidos por las fuerzas de seguridad, denunció.
Por ello se movilizaron los paseros en la mañana de este martes, “en contra de las autoridades de la Coordinación Operativa de Investigación Aduanera”, informó el corresponsal de Última Hora Wilson Ferreira.
En un momento hasta cerraron temporalmente uno de los accesos de la cabecera del puente.
Según Reyes, infringieron un acuerdo que establecía que los mismos podían actuar solamente hasta después del kilómetro 20, fuera del área primaria, que estuvo firmado por el gobernador de Alto Paraná, Roberto González Vaesken; el director de Aduanas, Julio Fernández y de COIA, Germán Zonetti.
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“Había un acuerdo y no se cumple. Se salieron de su trato. Nosotros transportamos mercadería que no es ilegal y de todos modos me crean problemas”, expresó el dirigente. “Incluso, hasta nosotros queremos pagar nuestros impuestos”, reforzó.
Otros manifestantes reclamaron que ellos son reprimidos a diario por las fuerzas militares, así como el periodista que fue agredido un día antes, después de que estuvo tomando fotos en el lugar.
No es la primera movilización de paseros que se realiza en el paso fronterizo que une a la capital del Alto Paraná con la ciudad de Foz de Iguazú, Brasil, por los controles de mercaderías. En junio del 2019 se había registrado un situación similar.
Repudio por agresión a comunicador
En simultáneo a la manifestación, trabajadores de prensa realizaron un acto de repudio por las acciones de militares contra el comunicador Gustavo Galeano, del grupo Nación, en la cabecera del Puente de la Amistad, informó el corresponsal Edgar Medina.
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El mismo había sido agredido por la Armada Paraguaya en la Aduana de la zona primaria, luego de haber realizado fotos en el lugar de los controles que se realizan por el coronavirus al ingresar en el país.
El Ministerio abrió una investigación. La fiscala Zunilda Ocampos tomó intervención para indagar los hechos.
