30 ago 2026

Pascua Dolorosa: Familia Salinas-Bobadilla denunciará torturas y crímenes de lesa humanidad

La Codehupy acompañará una denuncia por torturas, desaparición forzada, despojo de tierras y persecución perpetrados desde la Pascua Dolorosa. Se trata de un caso de crímenes de lesa humanidad cometidos contra la familia Salinas-Bobadilla durante la dictadura de Alfredo Stroessner.

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La familia Salinas-Bobadilla denunciará crímenes de lesa humanidad ante la Fiscalía.

Foto: Alegría González.

La denuncia que acompaña la Coordinadora de Derechos Humanos del Paraguay (Codehupy) se presentará este miércoles, a las 8:00, ante la Fiscalía de Derechos Humanos, en Asunción.

Teniendo en cuenta que los crímenes de lesa humanidad son imprescriptibles, la organización exige al Estado investigar y sancionar los hechos en los que resultó víctima la familia Salinas-Bobadilla durante la dictadura de Alfredo Stroessner.

Durante la Pascua Dolorosa, que inició en 1976, se cometieron graves violaciones de derechos humanos. El 30 de abril de ese año, las fuerzas represivas irrumpieron en el hogar de la familia Salinas–Bobadilla y convirtieron la vivienda en un destacamento policial-militar.

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Juan de Dios Salinas fue ejecutado en junio de 1976 y su cuerpo continúa desaparecido, mientras que su esposa fue detenida mientras sostenía a su hijo de 2 meses en brazos y fue sometida a torturas durante un año.

Otros integrantes de la familia, José Bobadilla y Fructuosa Salinas, también fueron víctimas de torturas y detenciones ilegales. Fructuosa, quien estaba embarazada al momento de su detención, perdió a su hijo durante las represiones.

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Los cuatro hijos de ambos, que entonces tenían 4, 6, 8 y 10 años, quedaron abandonados a su suerte durante este periodo.

José Bobadilla pertenecía a las Ligas Agrarias Cristianas y de acuerdo con las investigaciones, los responsables de la tortura y persecución fueron el teniente Baruja, el mayor Aquino, el Alcalde (comisario) Ferreira, y Camilo Almada Morel, alias Sapriza, y otros.

La Codehupy se basa en el artículo 5 de la Constitución Nacional y las convenciones internacionales contra la tortura ratificadas por el Estado paraguayo, que obligan al país a investigar y sancionar los crímenes de lesa humanidad, por su carácter imprescriptible.

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