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Paraguay retira proyecto de acuerdo ambiental tras crítica de arzobispo

El Poder Ejecutivo retiró del Congreso Nacional el proyecto de ley que aprueba el acuerdo regional sobre el acceso a la información, la participación pública y el acceso a la justicia en asuntos ambientales en América Latina y el Caribe, suscrito el 28 de setiembre de 2018. Es tras las críticas del arzobispo Edmundo Valenzuela.

El canciller Antonio Rivas informó este lunes acerca del retiro del Congreso del texto del Acuerdo de Escazú, con el que se buscan mejorar los derechos humanos y la protección ambiental en América Latina y el Caribe, informó la agencia EFE.

Edmundo Valenzuela difundió la semana pasada un video en el que relacionaba el Acuerdo de Escazú con el aborto y la ideología de género, e invitaba a todas las iglesias a unirse contra su ratificación en el Congreso.

"Nos encontramos ante una amenaza que proviene de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), que quieren hacer un acuerdo de todos los acuerdos, prácticamente imponiéndonos aceptar todas las resoluciones anteriores de aborto, ideología de género, eutanasia...", declaró Valenzuela en el video.

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Ante esas aseveraciones, la Cancillería quiere comprobar si el texto que critica Valenzuela es el mismo firmado por el antecesor de Rivas, Luis Alberto Castiglioni, en setiembre de 2018 en Nueva York.

Rivas indicó que se decidió retirar el texto para ver si aquellos que critican el acuerdo tienen el mismo texto que el firmado por la Cancillería. "Porque veo que no coincide lo que ellos dicen con lo que dice el Acuerdo, por eso queremos verificar qué texto tienen ellos", expresó.

El canciller mantuvo su posición en que Paraguay firmó el Acuerdo de Escazú que figura en el marco de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal).

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Por su parte, la Unión de Gremios de la Producción (UGP) de Paraguay remitió una nota en la que manifiesta "mucha preocupación" por la posible ratificación del Acuerdo, que ya depende de su tratamiento en el Congreso paraguayo.

El acuerdo, firmado en Costa Rica en 2018, pretende garantizar los derechos de todas las personas a un medioambiente sano y al desarrollo sostenible, dedicando especial atención a las personas y grupos en situación de vulnerabilidad.

Para que entre en vigor, al menos 11 países de los 21 que lo han firmado tienen que ratificar el Acuerdo.

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