28 ago 2026

Paraguay figura como un puente entre EEUU y Brasil en el tráfico de armas, según medio internacional

Un artículo de la BBC señala a Paraguay como puente en el tráfico de armas desde Estados Unidos a Brasil, que termina en manos de organizaciones criminales como el Comando Vermelho.

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Rifles de asalto. Algunas de las armas requisadas durante el operativo en Río de Janeiro.

Foto: AFP.

Un artículo de la BBC Brasil, firmado por Luiz Fernando Toledo y Julia Braun, menciona a Paraguay como un vínculo legal-ilegal en el tráfico de armas, que arranca en los Estados Unidos de América y termina en las favelas brasileñas, en manos de las organizaciones criminales como el Comando Vermelho.

Días atrás se concretó el mayor golpe al grupo criminal Comando Vermelho en Río de Janeiro. La operación dejó 132 muertos en las favelas y más de un centenar de armas de fuego.

Esta operación provocó que Paraguay refuerce sus fronteras por el temor de una fuga de criminales hacia nuestro país y, posteriormente, Santiago Peña decretó oficialmente como organizaciones terroristas tanto al Comando Vermelho como al Primer Comando Capital (PCC).

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Un artículo de la BBC Brasil que plantea “cómo drones y fusiles importados acaban en manos del crimen organizado en Brasil”, específicamente el Comando Vermelho, detectó “una ruta común” en el caso de los fusiles.

Se trata de la importación legal de armas desde Estados Unidos a Paraguay. Una vez en el país, los fusiles son trasladados de contrabando al Brasil, señalaron los investigadores. Igualmente, aclararon que también hubo casos de envíos directos desde EEUU a Brasil.

El estudio señala que, de las incautaciones de armas realizadas entre 2019 y 2023, la mayor cantidad de ellas, unas 738, tiene como procedencia los Estados Unidos de América.

Destacaron también que, de las armas que se incautaron en 2024, que no tienen relación alguna con la operación actual, se identificó que prácticamente todas (94,7%) eran de fabricación extranjera, principalmente de EEUU.

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Si bien los fusiles representan una pequeña parte del total de armas confiscadas en Brasil, las incautaciones de este tipo de arma aumentó en los últimos años, destaca la publicación.

Por otra parte, la publicación también mencionó “otro flujo” del tráfico ilegal de fusiles para Brasil, pero enviados desde Europa, y que autoridades tanto paraguayas como brasileñas realizaron operaciones para incautar dichas armas.

Se trata de la Operación Dakovo, que incautó unas 2.000 armas, por un valor cercano a los USD 5.200.000, en diciembre del 2023.

Incluso, el artículo periodístico detalla que “una empresa con sede en Paraguay era responsable de importar armas de Croacia, Eslovenia y la República Checa”.

Se trataría de la importadora International Auto Supply (IAS) y su dueño, el argentino Diego Dirisio.

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Dirisio estuvo radicado en Paraguay, fue investigado en el Operativo Dakovo y hoy se encuentra detenido en Argentina, junto con su esposa, la ex modelo Julieta Nardi. Ambos fueron sindicados ya en aquel momento desde Brasil como proveedores de los principales cabecillas de Comando Vermelho (CV) y Primer Comando Capital (PCC).

Sin embargo, este jueves, Dirisio negó vínculos con dichas organizaciones criminales. “Yo no tengo ninguna relación con lo que está pasando en Río de Janeiro (Brasil). No conozco a nadie del Comando Vermelho, no conozco a nadie del PCC. Mis únicas ventas han sido absolutamente legales a través de cooperativas policiales y militares, a efectivos policiales y militares”, expresó.

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Durante el reciente megaoperativo policial contra el narcotráfico en Río de Janeiro, la más letal en la historia de Brasil, las autoridades confiscaron más de dos millones de dólares en armas, incluyendo los fusiles de guerra que fueron destacados desde el gobierno estatal como “de otros países”.

En Paraguay, desde el Ministerio de Defensa, advirtieron, el titular de la cartera, Óscar González, que las fronteras están reforzadas con personal militar y carros blindados.

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Su titular, el ministro Óscar González, aseguró que la norma garantiza el respaldo jurídico para combatir y exterminar a estos grupos criminales, que fueron declarados como “grupos terroristas” por el Gobierno de Santiago Peña.

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