El empresario argentino y que estuvo radicado en Paraguay, Diego Dirisio, esposo de la ex modelo Julieta Nardi, ambos detenidos en Argentina, supuestamente ingresaba armas legalmente al país con su importadora International Auto Supply SA. Su red de arma tráfico se sustentaba con grandes socios dentro de la Dirección de Material Bélico (Dimabel).
En conversación exclusiva este jueves con el medio argentino La Nación, Dirisio, investigado en Paraguay en el Operativo Dakovo, manifestó que no tiene ningún vínculo con los grupos criminales Primer Comando Capital (PCC) ni Comando Vermelho.
“Yo no tengo ninguna relación con lo que está pasando en Río de Janeiro (Brasil). No conozco a nadie del Comando Vermelho, no conozco a nadie del PCC. Mis únicas ventas han sido absolutamente legales a través de cooperativas policiales y militares, a efectivos policiales y militares”, expresó.
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Comentó que su abogada Angela Burgos se presentó este miércoles en el Ministerio de Seguridad de Argentina, a cargo de la ministra Patricia Bullrich, a quien solicitaron una constancia “de lo que dice ahí”, porque presentarán demandas judiciales contra todos quienes le involucraron en la situación que no tiene “absolutamente nada que ver” con él.
Recordó que estaba siendo buscado por Interpol y que por “un tema que hubo”, Brasil creó la denuncia, y considera que no había seguridad jurídica, ni en Brasil ni en Paraguay, por lo que decidió ir a su país Argentina a refugiarse, buscando justicia.
“Hoy mi familia y mi vida están en peligro ante la cantidad de mentiras que ha salido en la prensa, solo de Argentina, porque esto no salió en Paraguay, no salió en Brasil. Solo acá salió, que yo tenía algún tipo de relación con estas fracciones criminales”, agregó.
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Dijo que está preso hace más de dos años por una causa de 92 pistolas. Refirió que en Brasil se incautan anualmente 100 mil armas, por lo que le perjudica a él, a sus hijos, a su mujer y a él “todas las mentiras que se están diciendo”.
Manifestó que en Paraguay, cuando se recibe o egresa el oficial de policía o el militar, el primer día de función debe presentarse con su uniforme y su arma, que compran ellos mismos. Entonces, las compras se hacen a través de cooperativas policiales y militares.
“Yo las armas las importaba absolutamente (de manera) legal y se las vendía a las cooperativas policiales y militares. De estas 92 armas que se encontraron en Brasil nadie duda del origen, de cómo se importaron. Lo que ellos dicen en su pedido de extradición es que yo debería haber sabido que se iban a extraviar”, expresó.
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Reiteró que importó y vendió las armas en forma legal, con autorización del Gobierno, a quienes el Gobierno les autorizaba a venderles, ya sea la cooperativa militar, la policial, y después, algunas armas de estas cooperativas se extravió, cuestión que él no puede saberlo.
Aseguró que cuentan con todas las documentaciones correspondientes y que está preso “por la venganza de un general paraguayo y un negociado que se estaba haciendo con Brasil”, situación que él denunció, y que estaría vinculada a una compañía llamada Cerse. Expresó que Paraguay es el único país en donde vendía las armas.
Por su parte, su abogada Angela Burgos manifestó que en Paraguay fue “totalmente sobreseído”, porque hubo falta de méritos y lo único que queda es una investigación en Brasil.
“En Paraguay fue desestimada cualquier denuncia en contra de él”, agregó su representante.
Lo que se sabe de la operación Dakovo
Esta investigación, que duró tres años y que se realizó con apoyo del Brasil y Estados Unidos, dejó en evidencia un engranaje que funcionaba con el apoyo de altos militares de la Dimabel, funcionarios públicos y, al parecer, también a legisladores.
El negocio de tráfico de armas movió desde el 2020 unas 43.000 armas y casi USD 240 millones al traficar esa cantidad de armamentos, según estima la Policía Federal en su investigación.
