El director de Jubilaciones del Instituto de Previsión Social (IPS), Carlos Cabral, advirtió sobre la falta de financiamiento para el pago del Beneficio Adicional Anual (BAA), que se otorga a los jubilados a fin de año y constituye un factor relevante en el déficit del fondo previsional
En ese marco, mencionó a Monumental 1080 AM que un estudio de la asesoría actuarial, presentado para analizar la aprobación del beneficio extraordinario, reveló que en 2024 se destinó el 33% de las rentas generadas a cubrir parcialmente dicho déficit.
Cabral recordó que este beneficio se abona desde 1995, es decir, desde hace 30 años, y que cada ejercicio debe evaluarse si se cumplen las condiciones legales. La normativa establece que el pago extraordinario depende de la mayoría absoluta del Consejo de Administración y de la viabilidad financiera, presupuestaria y actuarial.
Explicó que el estudio de la asesoría detalla el esquema de financiamiento de este haber adicional y sus implicancias. “El informe señala que en 2024, el 33,9% de las rentas se utilizó para el déficit corriente del fondo, donde un componente importante es el beneficio extraordinario”, precisó.
El director indicó que, en el corto plazo, el pago todavía es posible. “¿Por qué? Porque hay todavía una rentabilidad de los recursos de fondo de jubilaciones y pensiones”, sostuvo.
Sin embargo, advirtió que desde 2020 el fondo corriente arrastra déficit mensual. “El beneficio no tiene una fuente específica de financiamiento y, como es de conocimiento público, los ingresos corrientes del IPS –provenientes de aportes de trabajadores y contribuciones patronales– ya no alcanzan para cubrir las jubilaciones ordinarias y mucho menos el beneficio adicional”, señaló.
Cabral añadió que la situación cambió con la pandemia: De un escenario de superávit se pasó a déficit exceptuando agosto, donde se observa un superávit de G. 625 millones, es decir, la diferencia entre lo recaudado y lo pagado fue de ese monto”, explicó.
Frente a este panorama, el IPS presentó una propuesta técnica para asegurar una fuente de financiamiento específica. “Se vio una forma de buscar una fuente de financiamiento específica para que se consolide como un beneficio ordinario y no uno extraordinario que tiene que tratarse anualmente y que genera incertidumbre para los jubilados”, afirmó.
La iniciativa planteaba un incremento del 1,25% en el aporte obrero-patronal, aplicable tanto a activos como a jubilados. “Elaboramos una propuesta para financiamiento y coincidía en que se pueda pagar un aporte adicional para el activo y para el jubilado del 1,25 %, pero quedó en eso, en un proyecto”, indicó.
Finalmente, el Consejo de Administración resolvió conformar una mesa de trabajo con técnicos del IPS y representantes de los principales sectores involucrados. “La resolución que el Consejo aprobó establece que se va a conformar una mesa de trabajo con jubilados, pensionados, trabajadores activos, empleadores y también el Estado, para analizar las mejores alternativas de financiamiento”, concluyó Cabral.
SURGEN PROPUESTAS PARA FINANCIAR EL BENEFICIO ADICIONAL ANUAL
Respecto al financiamiento del pago extraordinario, el economista de Cadep, Rodrigo Ibarrola, mencionó la necesidad de definir una fuente de financiamiento específica para el Beneficio Adicional Anual (BAA), más conocido como aguinaldo vigente, que desde 2013 está sin respaldo presupuestario explícito. Según el análisis, cubrir este beneficio sin una fuente clara adelanta entre cuatro y cinco años el cruce entre ingresos y egresos, por lo que planteó la posibilidad de establecer un recargo transitorio afectado o una reasignación de rentas extraordinarias, con un cronograma de transición que evite presiones sobre el flujo ordinario de la institución.
