Los fiscales Gustavo Chamarro y Marta Leiva encabezaron el operativo de desalojo en la Reserva de Campos Morombi, donde una vez más se pudieron comprobar los delitos ambientales cometidos por los ocupantes que abandonaron el lugar.
Las precarias viviendas fueron destruidas y quemadas por operarios de la empresa que cooperaron en el procedimiento.
La tala indiscriminada de alrededor de 2.000 hectáreas de reserva ya registra la enorme propiedad de más de 50.000 hectáreas, ubicadas en los departamentos de Caaguazú, Canindeyú y Alto Paraná.
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El puente que conecta la ocupación con Itakyry fue destruido al igual que un gran número de hornos para la producción de carbón vegetal.
Operativo de noviembre pasado
El pasado 19 de noviembre se realizó el mismo operativo. Los invasores días después volvieron a ocupar y levantar sus precarias viviendas al igual que los hornos.
La Fiscalía imputó por el caso a 12 personas y hasta el momento solo una se encuentra privada de su libertad.
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La enorme extensión de la propiedad dificulta los controles debido a varias alternativas de circulación con que cuentan los autodenominados sintierras.
Carro hidrante y helicóptero de apoyo aéreo fueron destinados para este megaoperativo en unas dos mil hectáreas de tierra de la Reserva Morombi.
