El juez de Delitos Económicos Rodrigo Estigarribia rechazó los planteamientos de exclusión probatoria que deberán ser analizados en el juicio oral por un Tribunal de Sentencia. Es uno de los jueces involucrados en el caso conocido como mafia de los pagarés.
La acusación en contra del entonces juez de Paz Víctor Nilo Rodríguez lo pone en el foco, ya que habría dictado resoluciones violando la ley en un total de 178 expedientes de juicios ejecutivos o acción preparatoria de juicio ejecutivo, entre el 2022 y el 2024.
Al igual que el ex magistrado, también irá a juicio el ujier Fernando Cáceres. Fue quien declaró que el juez instaló cámaras con micrófonos en todo el Juzgado y que desde allí controlaba todo. Además, que los abogados dieron a entender que tenían un negocio con el magistrado en el cobro de notificaciones.
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Sospecha en contra de Víctor Nilo Rodríguez
Los fiscales Belinda Bobadilla, Jorge Arce y Leonardi Guerrero presumen que él “sabía y acordó que los expedientes y las actuaciones fuesen elaborados por los abogados demandantes, representantes de firmas de cobranzas”.
Víctor Nilo Rodríguez terminaba luego dictando resoluciones judiciales a favor de las partes demandantes, “torciendo el derecho”, ya que supuestamente tenía conocimiento de que era falso que se hicieron las notificaciones.
La Fiscalía sostiene que las resoluciones eran “siempre acordes con la pretensión de la parte actora”, buscando cumplir con lo que los abogados pretendían: el cobro compulsivo “mediante embargos ejecutivos”.
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Y que “manifestaba en sus resoluciones que los deudores fueron notificados y que estos no comparecieron a reconocer sus firmas, lo que le permitía tener por reconocidas las firmas de los pagarés”, dijo la acusación en su contra.
Todo esto deberá ser juzgado por un Tribunal de Sentencia, quien determinará si es cierto que el entonces juez de Paz Víctor Nilo Rodríguez “tuvo la colaboración activa de los abogados demandantes, así como de ujieres notificadores, actuarios y oficiales de justicia, cada uno, desde el lugar que les correspondía”.
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Acusado de hurto
Aparte del uso de documentos públicos de contenido falso y el prevaricato, el ex juez también está acusado de hurto, ya que luego de que la Corte –en el 2025– haya dispuesto su suspensión en el cargo, llegó hasta su despacho de madrugada.
A las 00:00 del 6 de febrero del 2025, a bordo de la camioneta Nissan Frontier blanca, llegó hasta el acceso del Juzgado de Paz de la Recoleta, sobre la calle Guido Spano e ingresó a la oficina por 15 minutos.
Según la Fiscalía, “sustrajo expedientes varios y documentos que pertenecen al Juzgado”. Todo eso subió en el asiento trasero de su vehículo y se retiró del lugar.
