Esta mañana, la defensa de la abogada Gabriela Vespa solicitó el sobreseimiento definitivo de la acusada, a más de la exclusión de las declaraciones de los ujieres procesados en la misma causa para los que se pidió una salida procesal, a más de ofrecer testigos.
La Fiscalía ofreció como testigos a los ujieres Alfredo Benítez, Arturo Ayala y Audry Galeano para quienes solicitó salidas procesales. Sin embargo, a la fecha, aún son procesados, ya que la audiencia preliminar en la que el juez debe aceptar o rechazar el pedido de suspensión condicional del procedimiento, se hará recién tras la Semana Santa.
De esta manera, los defensores de los encausados se opusieron a sus declaraciones porque estos son procesados a la fecha, y no pueden ser testigos en la misma causa.
En esta preliminar, participan la suspendida magistrada de Paz Carmen Analía Cibils, a más de los abogados Lourdes Aranda, Ángel Cino, José Fuster, Gabriel Ojeda y Gabriela Vespa. También están los actuarios Martina Rivela y Ramón Cuevas y los ujieres Arturo Ayala y Jorge Montiel.
Respecto al pedido de sobreseimiento de la abogada Vespa, la defensa sostuvo que las cédulas de notificación no fueron anuladas, según el Código Procesal Civil y las leyes especiales, con lo que mal podría decirse que son falsas. Con ello, no existe el delito, por lo que pide solicitar el sobreseimiento de la encausada.
Asimismo, sostiene que si la misma Fiscalía solicita la suspensión condicional del procedimiento de los ujieres, quienes supuestamente produjeron las notificaciones falsas, no se probó que sean falsificadas.
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Respecto al prevaricato, dicen que solo afecta a funcionarios públicos y jueces que tienen un asunto jurídico por resolver por lo que los abogados no pueden ser objeto de ese hecho punible. Finalmente, ofreció como testigos a Víctor Manuel Godoy y César Ruiz Díaz Rufinelli.
Contestan incidentes
Posteriormente, en la audiencia los agentes fiscales Jorge Arce, Belinda Bobadilla y Leonardi Guerrero comenzaron a contestar los incidentes planteados por las defensas de los procesados en esta causa.
Recordemos que la fiscala se había ratificado en su acusación respecto a que en los procedimientos de preparación de acciones ejecutivas, en cumplimiento a las resoluciones judiciales dictadas en los diversos expedientes, los ujieres notificadores debían notificar a los deudores a los efectos de comparecer para reconocer las firmas estampadas en los pagarés, pero no lo hacían.
Con esos informes de las notificaciones, los juicios continuaban hasta su culminación. Según la Fiscalía, tanto la jueza como los actuarios y los abogados sabían que estos informes eran falsos. De ahí, que se habla de producción y uso de documentos públicos de contenido falso y prevaricato.
