Por segunda vez, el magistrado entendió que correspondía el pedido del abogado Álvaro Cáceres Alsina, por la defensa del legislador cartista Hernán David Rivas, de postergar la audiencia preliminar.
En la diligencia donde sustanció el recurso de la defensa, el profesional designó a Iván Rodríguez como asistente no letrado para que retire las copias pendientes, que consisten en dos tomos, según el informe del actuario.
El defensor explicó que aún no pudo retirar todos en el horario en que le avisaron, por lo que planteó el recurso para que se le conceda el plazo prudencial de cinco días hábiles luego de recibir todas las copias, para analizar las actuaciones presentadas por la Fiscalía, que constan de unas 2.000 páginas.
“Bajo ningún concepto SS, este planteamiento es meramente dilatorio y el mismo guardaría su relación con derechos constitucionales y penales que establecen que tanto la defensa como el procesado deben tener conocimiento de los elementos de cargo que existen en su contra”, dijo el profesional.
Por su parte, la fiscala Patricia Sánchez se allanó al pedido de la defensa, para salvaguardar el debido proceso, e hizo notar que la unidad fiscal a su cargo había cumplido debidamente con la remisión de todos los tomos de la investigación.
El magistrado cita las actuaciones, incluso el pago de G. 2.100.000 que hizo el abogado para las copias de los ocho tomos de la carpeta fiscal.
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Tras analizar el caso, dice el magistrado que a fin de preservar la vigencia plena de las garantías constitucionales, corresponde hacer lugar a la reposición planteada y reagendar la audiencia preliminar.
Con ello, reagendó la audiencia para el próximo 6 de octubre, a las 07:40 horas, donde estudiará la acusación planteada por los representantes del Ministerio Público contra el legislador.
La diligencia estaba fijada primero para el miércoles 17 de setiembre, pero los abogados solicitaron posponer la audiencia, con el argumento de que todavía no accedieron a las copias del expediente y a las pruebas. El juez concedió el plazo y la postergó para el 22 de setiembre.
En su acusación, la Fiscalía señala que existen tres hechos por los que le acusaban; uno, su elección como representante de Diputados ante el JEM; el segundo, el juramento ante la Corte Suprema; y, finalmente, su designación como representante del Senado ante el Jurado.
Los agentes sostienen que tienen los elementos suficientes para pedir la apertura de juicio oral contra el legislador de Honor Colorado, por los delitos de producción mediata de documentos públicos de contenido falso y uso de documentos públicos de contenido falso.
