La diligencia donde se iba a decidir si el parlamentario cartista debía ir o no a juicio oral estaba fijada para este miércoles 17 de setiembre, pero los abogados solicitaron posponer la audiencia, con el argumento de que todavía no accedieron a las copias del expediente y a las pruebas.
El abogado Álvaro Cáceres, en representación del acusado Hernán David Rivas Román, el pasado jueves, presentó el escrito donde solicitó copias íntegras de la carpeta fiscal y de las pruebas ofrecidas en soporte magnético, en atención a la audiencia preliminar señalada en la causa.
Ese día, a las 12:50, por providencia del Juzgado, se dispuso la provisión de la copia de la carpeta fiscal al recurrente, a su costa, así como la realización de una copia digital de las pruebas magnéticas, con intervención de la Dirección General de Tecnología de la Información y las Comunicaciones (DGTIC).
Sin embargo, recién hoy lunes le comunicaron que las copias digitales estaban a su disposición, para que sean entregadas.
Ante esta situación, el juez Palacios dispuso reagendar la audiencia preliminar para el próximo lunes 22 de setiembre, a las 08:15.
La acusación
La Fiscalía había presentado su pedido de reabrir el caso contra el senador Hernán David Rivas por la supuesta utilización de un título falso como abogado de la Universidad Sudamericana.
En el pedido señalaba que existían tres hechos por los que le acusaban; uno, su elección como representante de Diputados ante el JEM; el segundo, el juramento ante la Corte Suprema; y, finalmente, su designación como representante del Senado ante el Jurado.
Sostiene que tiene los elementos suficientes para pedir la apertura a juicio oral contra el legislador de Honor Colorado, por los delitos de producción mediata de documentos públicos de contenido falso y uso de documentos públicos de contenido falso.
Específicamente, citan el certificado de estudios del 12 de mayo de 2018, sin número, y el título que fue registrado por el Ministerio de Educación el 9 de junio de 2020, pero que consta emitido el 6 de marzo de 2020, ambos por la Universidad Sudamericana.
Indica el pedido fiscal que “el certificado de estudios y título universitario emitidos de manera formal por la Universidad Sudamericana, pero que no se adecuan a la realidad, puesto que no existe ningún documento académico que pueda sostener la veracidad de lo que ambos certifican, así como circunstancias fácticas que conlleven a dicha conclusión”.
La semana pasada, la Corte Suprema dispuso la suspensión de su matrícula de abogado para el legislador y, además, dispuso la apertura de un sumario administrativo.
