Diversas organizaciones de la sociedad civil presentaron notas a la Cámara de Diputados en rechazo al proyecto de ley que permite la explotación del Parque Médanos del Chaco, actualmente con estatus de área protegida. Hasta el momento, el proyecto tiene el dictamen de aprobación por parte de la Comisión de Energía y Minería de la Cámara Baja.
Tras el fracaso en el 2023 por la presión ciudadana, el diputado José Rodríguez volvió a presentar recientemente un proyecto que modifica los artículos 4 y 6 Ley N° 5723 que declara área silvestre protegida al Parque Médanos el Chaco. Nuevamente, la iniciativa acumula el rechazo de ambientalistas y organizaciones.
Una de las organizaciones que presentaron una nota al Congreso fue Tierraviva a los Pueblos Indígenas del Chaco, firmada por la coordinadora Ejecutiva Lidia Ruiz Cuevas, y dirigida al proyectista, donde solicita que retire y archive el documento que ya pasó por una audiencia pública entre pronunciamientos a favor y en contra de la explotación de gas en este territorio.
La organización menciona que el parque actúa como una importante “zona núcleo” ecológica dentro de la Reserva de la Biósfera del Chaco, la cual fue incorporada a la Red Mundial de Reservas de Biósfera de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco).
En ese sentido, alberga una gran biodiversidad, siendo el único hábitat del guanaco chaqueño, así como del yaguareté, una especie en peligro crítico, pero además representa una barrera natural que protege el Acuífero Yrenda.
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En cuanto a su impacto en la vida humana, Tierraviva recuerda que el parque es hábitat tradicional de los pueblos indígenas Ayoreo y Guaraní Ñandéva, reconocidos como pueblos preexistentes al Estado paraguayo.
Algunas de las familias viven en aislamiento voluntario en su territorio ancestral sosteniéndose según sus modos tradicionales de vida, según el derecho de autodeterminación de los pueblos indígenas.
En ese sentido, la organización cuestiona que no hubo consulta libre previa informada en un marco de construcción de la propuesta que refleje la participación de los pueblos indígenas en el intento de esta grave modificación. Al respecto, menciona que se requieren de medidas de protección reforzada ante el riesgo de desplazamiento, contacto forzado y afectaciones irreversibles a la supervivencia física y cultural de los grupos indígenas, como ya lo había advertido la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
“Apelamos a la conciencia legislativa en el hecho de considerar que las intenciones de ‘desarrollo’ del sector privado ‘productivo’ no han redundado históricamente en beneficio de los sectores vulnerabilizados; siendo totalmente lo contrario, ya que el avance de la desertificación, de la agroganadería expansiva, la falta de políticas para superar la carencia de agua potable y el despojo de tierras y territorios ancestrales han provocado mayores extremos de pobreza y exclusión de los Pueblos Indígenas en Paraguay”, señala la nota.
Para Tierraviva, el argumento de la falta de condiciones estructurales para el desarrollo de la zona es una “excusa vacía, carente de significado y de valor para los pueblos indígenas en condiciones de desigualdad, exclusión económica y discriminación”. En contrapartida, indicó que los sectores empresariales podrán seguir acumulando.
Otras organizaciones que presentaron notas en el mismo sentido fueron la Coordinadora de Derechos Humanos del Paraguay (Codehupy), la Red de Organizaciones no Gubernamentales Ambientalistas del Paraguay (ROAM), Sobrevivencia, Pojoaju, GreenTour, del Comité de Salida Ambiental y la Asociación de Estudiantes de la Carrera de Ingeniería Ambiental (AECIAM).
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Senador chaqueño defiende proyecto
El senador Orlando Penner, ex Patria Querida, aprovechó el espacio de oradores de la sesión ordinaria de la Cámara Alta del miércoles para defender la iniciativa. Primeramente dijo que la concesión a la empresa Primo Cano Martínez para la explotación de gas en la zona del parque es anterior a la ley que la protege de este tipo de actividad y cuestionó la retroactividad aplicada, además de instalar dudas acerca de superposiciones de límites y títulos.
Pidió a sus colegas abogar por una “cuestión de interés nacional” y permitir así la explotación de 35.000 a 40.000 hectáreas del territorio, que a su parecer representa solo el 6% del parque. Desafió a sus colegas a no poner “candado” al texto para su estudio en el pleno.
Sobre los riesgos para la biodiversidad, el colorado consideró que los funcionarios del Ministerio del Ambiente tienen la capacidad para entender lo que es bueno para el país, para el medioambiente y el desarrollo de la nación.
“Si en todo el mundo se explota el gas natural, el petróleo, etc., etc., nosotros los paraguayos no podemos candadear esta opción demostrada la existencia de gas y más”, expresó.
Agregó que además hay un pedido de comunidades indígenas para que se instale una comisión de trabajo, entendiendo que la modificación de la ley significa acceso a mano de obra y desarrollo.
