Mediante una carta abierta dirigida al presidente argentino Alberto Fernández, las organizaciones sociales, intelectuales, académicos/as, militantes, activistas, defensores/as de los DDHH, feministas, profesionales, miembros de la sociedad civil y organizaciones políticas pidieron que Argentina suspenda sus actividades comerciales con Paraguay.
Las organizaciones señalaron que el Estado paraguayo es “infanticida” y exigieron que se esclarezca la muerte de las niñas María Carmen y Lilian Mariana Villalba. Asimismo, denuncian que integrantes de la familia Villalba son perseguidos en el Paraguay, por lo que plantearon asilo.
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Los firmantes consideraron la reciente detención de Laura Villalba en Amambay como una intención del Estado paraguayo de “borrar las pruebas” del crimen de las niñas. Indicaron, además, que la mujer estaría siendo sometida a torturas.
Por otro lado, las organizaciones denunciaron que existe una intención “reforzada por medios hegemónicos” de negar la nacionalidad de las niñas muertas en el enfrentamiento de modo a que el Estado argentino no tenga incidencia en el caso.
Investigación imparcial
Como parte de los pedidos, las organizaciones del vecino país exigieron que el Paraguay autorice el ingreso de un equipo argentino de antropología forense para la realización imparcial de la autopsia de las niñas fallecidas.
También reclamaron al Gobierno paraguayo la aparición con vida de una niña de 14 años de edad, hija de Carmen Villalba, supuestamente desaparecida desde el 30 de noviembre de 2020.
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Además, pidieron que Laura Villalba sea liberada y se otorgue asilo político a los miembros de la familia Villalba, “acechada y criminalizada por el Gobierno paraguayo”.
Entre los firmantes se destacan integrantes de las organizaciones Madres y Abuelas de Plaza de Mayo Línea fundadora, el Servicio de Paz y Justicia (Serpaj), la Gremial de Abogados y Abogadas de la República Argentina, FAR (Frente de Acción Revolucionaria), Asamblea de los Trabajadores Inmigrantes Paraguayos, el Partido Guevarista, entre otros.
Las dos niñas, que fueron registradas como argentinas pero, según las autoridades nacionales, nacieron en el Paraguay. Las mismas fueron asesinadas en un presunto enfrentamiento entre la Fuerza de Tarea Conjunta y el autodenominado Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP).
El hecho derivó en un reclamo internacional del Gobierno del vecino país, que pidió que sea esclarecido el caso y los responsables sean sancionados.
