El trabajo conjunto de fuerzas del Brasil, denominado Operación Anemia, permitió identificar y desarticular en la mañana de este jueves una red que movía grandes cantidades de mercancías ilegales y lavaba dinero a través de una compleja estructura de empresas y testaferros.
El grupo evadía grandes cantidades de impuestos y utilizando sofisticados métodos para lavar el dinero obtenido de sus actividades ilícitas revela un informe divulgado por la RF.
“Durante las investigaciones se encontraron indicios de actividades ilícitas y lavado de dinero. Las cuentas bancarias relacionadas con los investigados recibieron fondos de personas con antecedentes criminales relacionados con la práctica de contrabando, descaminado y lavado de dinero”, señala el informe.
Menciona que la investigación reveló que la organización criminal importaba ilegalmente grandes cantidades de mercancías de origen extranjero, principalmente productos electrónicos, desde ciudades fronterizas (Ciudad del Este, Salto del Guairá y Pedro Juan Caballero) de Paraguay hacia Brasil.
Para tener una idea de la fortuna que movían, solo en una de las empresas, que fue constituida a nombre de una empleada, llego a mover 700 millones de reales sin el correspondiente ingreso declarado.
Red de agentes públicos de Brasil eran sus “colaboradores”
El grupo contaba con la colaboración de una red de agentes públicos activos e inactivos del Brasil, que facilitaban el ingreso de las mercaderías sin pasar por los controles aduaneros.
Una vez en Brasil, los productos eran distribuidos a clientes en grandes centros urbanos como São Paulo, Río de Janeiro, Río Grande do Sul, Goiás y el Distrito Federal, principalmente en mercados populares y tiendas especializadas en electrónica.
Las ganancias obtenidas del contrabando eran lavadas a través de una compleja red de empresas nacionales e internacionales, incluyendo empresas offshore. Para ello, utilizaban mecanismos como la evasión de divisas y el uso de criptomonedas.
El informe menciona que se identificaron siete núcleos operativos, que actuaban de manera estructurada y caracterizados por la división de tareas, ellos eran de gestión, logística, financiadores, contadores, cambistas/operadores financieros, compradores y testaferros.
El informe de la RF indica además que se descubrió que, con el desarrollo de las actividades criminales promovidas por el grupo, estos empezaron a adquirir productos directamente de proveedores en Estados Unidos, China y Hong Kong, de modo que las ciudades paraguayas de la región fronteriza pasaron a servir solo como depósito físico de las mercancías, recibidas mediante servicios de correo internacional.
Para operar los pagos a los proveedores ubicados en estos países, la organización criminal habría estructurado una compleja red de empresas nacionales y en el extranjero (offshore) que, mediante el uso de criptomonedas, efectuaban la evasión de divisas y el lavado de dinero.
Solo en una de las empresas, que fue constituida a nombre de una empleada, se movieron aproximadamente 700 millones de reales, sin el correspondiente ingreso declarado.
El modus operandi
La organización cuenta con financiadores, muchos de ellos servidores públicos, que invierten recursos y luego dividen las ganancias de las actividades criminales, con contadores y operadores financieros, que actúan para dar una apariencia legal y flujo financiero a los negocios realizados.
Utilizando empresas ficticias, sin capacidad operativa aparente y con flujos contables simulados, los criminales registraron ingresos ficticios, sin respaldo en documentos de ventas o servicios, para dar soporte a la distribución de ganancias entre los socios y disimular el origen ilícito de los recursos.
Los indicios identificados llevaron a la decisión judicial de ejecutar órdenes de registro y confiscación en direcciones vinculadas a los investigados, con el fin de obtener pruebas y nuevos elementos que corroboren los delitos representados.
Gran despliegue de autoridades en el operativo
La Operación Anemia contó con la participación de aproximadamente 34 auditores fiscales de la Receita Federal y 220 policías federales que cumplieron en total con 53 órdenes de registro y confiscación y siete de prisión preventiva.
Las órdenes se cumplieron en ciudades de los estados de Paraná, Santa Catarina, São Paulo y Río de Janeiro.
Las órdenes judiciales emitidas por el 9º Juzgado Federal de Curitiba prevén el secuestro, bloqueo y confiscación de bienes inmuebles, vehículos, dinero en efectivo, obras de arte, joyas, criptoactivos y otros artículos de lujo o de alto valor encontrados.
