El Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas envió un documento al presidente de la República, Santiago Peña, instándolo a “reexaminar” el proyecto de ley que establece el control, la transparencia y la rendición de cuentas de las organizaciones sin fines de lucro, porque podrían restringir derechos fundamentales de los ciudadanos.
El documento firmado por Gina Romero, relatora especial sobre los derechos a la libertad de reunión pacífica y de asociación; Irene Khan, relatora especial sobre la promoción y protección del derecho a la libertad de opinión y de expresión, y Mary Lawlor, relatora especial sobre la situación de los defensores de derechos humanos.
Las relatoras analizaron varios aspectos del proyecto impulsado por el movimiento Honor Colorado.
Una parte del análisis resalta el artículo cuarto, donde se habla de un registro obligatorio de las organizaciones sin fines de lucro, dependiente del Ministerio de Justicia; y del artículo quinto, que establece un libro de registro del financiamiento nacional, extranjero, público o privado, advirtiendo que esto podría “generar una carga demasiado pesada para organizaciones de base, y podría ser perjudicial para asociaciones esporádicas o informales”.
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“Este exceso de requerimientos de registros podría desincentivar la creación de nuevas asociaciones”, advierten las relatoras en otra parte de su dictamen.
Mencionan, además, el artículo 9 que prohíbe la posibilidad de crear cualquier tipo de relación contractual entre las organizaciones que no estén inscritas en el registro nacional y organismos y entidades del Estado, municipalidades, entidades binacionales u otras entidades o empresas públicas.
“Esta provisión podría constituir una injerencia indebida en entidades y organizaciones del sector público, privado y mixto, nacionales e internacionales que, en virtud de su derecho a la libertad de asociación, deben conservar la autonomía para decidir sobre el uso de sus fondos propios”, advierten.
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Las relatoras recordaron a Peña que las normas internacionales de derechos humanos reconocen ampliamente la libertad de acceder a recursos como parte del derecho a la libertad de asociación.
La organización internacional plantea al mandatario que promueva una “discusión pública, plural y multisectorial” para tratar este caso, convocando a actores de la sociedad civil directamente afectados por el proyecto.
Por último, recomendaron desarrollar una norma que facilite el desarrollo de las actividades de las oenegés, en un contexto de transparencia y legalidad. Instaron al presidente a valorar el aporte que efectúan estas organizaciones a la defensa de los derechos humanos y el fortalecimiento del Estado de derecho y el sistema democrático.
