En su versión actual, el proyecto de ley establecería nuevos requisitos de informes y registro, así como sanciones para individuos y organizaciones sin fines de lucro, que reciban o administren fondos públicos o privados de fuentes nacionales o internacionales a ser destinados a que de alguna manera guarden relación con sectores, prestaciones o ámbitos de competencia del Estado, municipalidad y demás entes públicos, dijo Maria Victoria Rivas, del Centro de Estudios Judiciales (CEJ).
“Observamos con preocupación que debido a disposiciones vagas y de amplio alcance, el proyecto de ley puede afectar negativamente al derecho a la libertad de asociación, en contra de convenios internacionales ratificados por Paraguay, al obstaculizar el acceso al financiamiento para todo el sector civil”, señaló Rivas.
La principal preocupación será control excesivo al financiamiento. Impondría requisitos de información excesivos y onerosos, obstaculizando la habilidad de obtener financiamiento. Impondría sanciones excesivas y desproporcionales por infracciones no definidas, lo que abriría la puerta a la imposición de restricciones arbitrarias. El proyecto obliga a las organizaciones a registrarse en el Ministerio de Economía y Finanzas, pero no establece requisitos ni procedimientos para registrarse, lo que podría dar lugar a restricciones arbitrarias. “Los dos proyectos tienen al senador Bachi Nuñez como vocero principal, y básicamente no hay cambios sustanciales en el objetivo de lo que busca la ley. El proyecto busca en el fondo lo que busca es controlar los fondos de las organizaciones porque la ley establece no solamente el control sobre los fondos públicos sino que también pretende el control de fondos de organismos internacionales”, apuntó.
