Antes de que sea tratada la propuesta de ley de control de oenegés, actores de los sectores civiles consideran oportuno y necesario debatir a profundidad, con la mayor amplitud posible, dado que consideran que de hacerse ley va a afectar a todas las organizaciones que no persiguen lucro.
La representante del Centro de Estudios Judiciales (CEJ), María Victoria Rivas, apuntó a que principalmente las sanciones que se establezcan deban ser revisadas.
“Es una norma mal redactada, tal vez con ajustes mínimos; describiendo el régimen sancionatorio podríamos arribar al mayor consenso de lo que tiene hoy”, refirió.
En nota entregada a la Cámara, expresan también que las organizaciones de la sociedad civil, de hecho, ya pasan por varios filtros de control. “Nuestras organizaciones están inscriptas en distintos registros, cumplimos los distintos controles”, refiere la carta memorándum de Denide. Consideran que un “nuevo registro duplicaría o triplicaría los ya existentes”, por lo que consideran que si ese es el plan el proyecto tendrá “impactos directos sobre los derechos constitucionales”.
Ante esto piden que en el proceso de estudio se garantice la tarea técnica de la Comisión de Asuntos Constitucionales, instancia asesora a la que solicitaron se remita el proyecto en cuestión. Así también solicitaron la conformación de una mesa técnica de estudio y análisis. Consideran que con estos pasos se estará contribuyendo al debate democrático.
Privado. La representante del Denide, Marité Rasmussen, señaló que preocupa que la ley iguale el tratamiento de fondos públicos y privados que reciben las organizaciones. “Nos preocupa que el artículo 6° establezca que todos los aportes sean considerados en el Presupuesto General..., los aportes privados tendrán el mismo trato que los públicos”, apuntó.
