19 abr. 2026

Ocupan inmueble de 300 hectáreas en San Pedro y exigen distribución de tierras

Un centenar de campesinos, que se autodenominan sintierras, tomaron un inmueble junto a la ruta PY11, alegando que es una reserva comunitaria en la zona de Santa Rosa del Aguaray. El conflicto revive un enfrentamiento violento ocurrido hace más de una década.

campesinos

Un centenar de campesinos, que se autodenominan “sintierras”, tomaron un inmueble junto a la Ruta PY11.

Foto: Gentileza.

Un grupo de aproximadamente 100 campesinos, que se identifica como sintierras, ocupó una estancia de 300 hectáreas en el distrito de Santa Rosa del Aguaray, en un punto estratégico sobre la ruta PY11.

Los manifestantes afirmaron que el terreno forma parte de la reserva del asentamiento Pedro Giménez y procedieron de inmediato a iniciar labores de cultivo en el lugar.

Nota relacionada: Conflicto por espacio divide cada vez más a campesinos

La acción implicó la expulsión de un colono menonita que, según los ocupantes, arrendaba y trabajaba la tierra. Los campesinos le comunicaron que no podría continuar con sus actividades en el predio.

“Volvemos a luchar”

Ranulfo Vázquez, dirigente de la comisión de sintierras, fue enfático al declarar: “Volvemos a luchar. Llevamos años intentando conquistar estas tierras”.

Según Vázquez, la propiedad habría estado en manos de Teresio López, a quien señalan como una figura ajena al espíritu de la reforma agraria.

Esta versión fue respaldada por Abel Vázquez, presidente de la Comisión de Desarrollo de la comunidad Pedro Giménez, quien sostuvo que las tierras ocupadas son parte de una reserva comunitaria. “Es una reserva del asentamiento que comenzamos a recuperar y a cultivar”, afirmó.

Antecedentes de un conflicto latente

Esta no es la primera vez que el inmueble se convierte en epicentro de tensión. En diciembre de 2010, campesinos del mismo asentamiento protagonizaron un tiroteo con guardias de seguridad al servicio de Teresio López.

Lea también: Los campesinos de San Pedro recuperan una reserva vendida

En aquel entonces, las familias denunciaron intentos de desalojo violento y argumentaron que el predio debía ser adjudicado por el Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (Indert), acusando a López de usufructuar la tierra sin cumplir los requisitos legales de la Reforma Agraria.

A la espera de una solución institucional

Frente a la renovada tensión, los campesinos han insistido en su decisión de permanecer en el lugar y distribuir las tierras de manera equitativa entre las familias de la comisión.

La situación pone nuevamente en evidencia la crítica cuestión de la tenencia de la tierra en la región y genera expectativa por una pronta intervención de las autoridades competentes para evitar una nueva escalada de violencia.

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