Cecilia Colinas
Enrique Kronawetter es un destacado abogado y docente que representó al Poder Ejecutivo en el Consejo de la Magistratura (CM) hasta el martes pasado, cuando mediante un decreto, Santiago Peña dio por terminada sus funciones de manera abrupta para designar a Alicia Pucheta.
–Para poner en contexto el conflicto que se desató en torno a la representación del Poder Ejecutivo ante el Consejo de la Magistratura. ¿Cuáles son las consideraciones que hacen a la decisión de presentar una acción de inconstitucionalidad?
–Quiero señalar que el planteo que formulé se sustenta esencialmente en una convicción en el respeto irrestricto al Estado de Derecho y fundamentalmente al sistema republicano, que fue abruptamente desconocido por el decreto por el cual se designa a la doctora Alicia Pucheta.
En marzo del 2020 se comunica la vacancia y estábamos en plena pandemia y en octubre asume Mónica Seifart, y el mandato se cuenta desde marzo. Ella comunica su renuncia en setiembre de 2022 para postularse al cargo de fiscala general, lo cual motiva que el Poder Ejecutivo reciba la comunicación de vuelta del presidente del CM y el Poder Ejecutivo dicta un decreto con el que se designa al hoy diputado Édgar Olmedo y a mí como suplente. Esa designación era para completar el mandato de Mónica Seifart que fenecía en marzo de 2023. Cuando Olmedo renuncia en diciembre, yo presto juramento como titular. En mi juramento siempre se hizo mención que yo estaba completando el mandato de Mónica Seifart que vencía en marzo de 2023. Yo presto juramento a finales de abril de 2023 por el decreto que me designa a mí como titular y a César Trapani como suplente para el nuevo periodo 2023-2026.
La supuesta confusión que pretende generar el decreto, creyendo que la fecha del cómputo de los tres años queda criterio de la voluntad del titular del Ejecutivo, en este caso el presidente de la República, cuando el plazo siempre se ha señalado marzo de 2017, marzo de 2020 y marzo de 2023.
–Ergo, no hubo comunicación de vacancia, y recién se iba a hacer en el 2026.
–Si uno me pregunta cuál es el único elemento que puede permitir el fenecimiento del mandato y el inicio del nuevo cómputo del mandato constitucional de tres años, es la comunicación del CM. El presidente del CM no podía luego comunicar ni puede comunicarlo porque el mandato ya se inició en marzo de este año.
–A su criterio. ¿Qué asuntos subyacen detrás de esta decisión del Poder Ejecutivo?
–Yo creo que es muy fácil de tener la lectura, sobre todo. El objetivo es tener a un representante del Consejo de la Magistratura que responda a los intereses personales del titular del Ejecutivo y eso va en contra el concepto de republicanismo plural que se pretendió plasmar en este organismo que integran varios estamentos en igualdad de condiciones. El representante del CM no es representante del presidente de la República, no es un cargo de confianza y no está sujeto a directivas porque forma parte del Poder Judicial y los miembros del CM tienen que tener independencia y en ese sentido siempre me conduje de tal manera. Yo insisto en que se trató de un decretazo porque se rompió desde el momento mismo en que se inicia el funcionamiento del CM lo más importante que es la comunicación que debe hacer el presidente del CM.
–Varios referentes de la oposición señalan que Alicia Pucheta fue puesta en ese cargo por Horacio Cartes, ya que la misma sería su amiga.
–Yo no quiero hacer ese tipo de especulaciones. Yo creo que este manoseo se da a raíz de un desconocimiento de los que asesoran al presidente sobre el modo de proceder. Yo estoy convencido de que al presidente no le han contado con realidad cuál es el manejo institucional que se debe a la representación del CM y por ende creo que es un acto que contradice los principios constitucionales y socava la credibilidad de las instituciones republicanas.
–Horas después de jurar, Alicia Pucheta se presentó a jurar y se confeccionaron ternas con nombres que son cuestionados.
–Yo no tuve la posibilidad ni siquiera ya de dar mi parecer. Siempre cuando yo participaba en las sesiones, señalaba claramente en mis argumentos el porqué proponía ternas. Lo que sucede es que se elige a personas que están muy alejadas de los primeros lugares del ránking de antecedentes académicos, antecedentes funcionales de todos los postulantes. Todos nosotros teníamos que tener un conocimiento cabal de todo el proceso de selección que se ha dado desde varios meses atrás. Sin embargo, la actual representante que fue designada por este decreto que estoy impugnando, se fue, participó y directamente procedió a votar sobre base de qué, y sobre la base de documentos que finalmente solamente son indicadores. Nosotros siempre tenemos una ponderación especial que la debemos dar sobre la base de las entrevistas. Yo participé de todas las entrevistas, pero no así la persona que participó en la sesión del miércoles.
–¿Cómo ve la proyección en sí del sistema judicial, teniendo en cuenta este caso que se señala como una inconstitucionalidad y que quizás pueda suceder en otros ámbitos de la justicia?
–Cuando se instaló el CM en la Constituyente, el objetivo era que sea un organismo plural. En ese sentido, si se impone la visión de un solo segmento político y todos respondan de manera uniforme a ese segmento, se distorsiona el concepto de pluralismo, y de esa forma estamos violando el principio del Estado Social y de Derecho y al desnaturalizar, estamos poniendo en el predicho severamente la elección bajo criterios del principio de idoneidad de todos los integrantes del Poder Judicial, que finalmente es la última instancia que el ciudadano pueda acudir en reclamo de justicia.
El representante del CM no es representante del presidente, no es un cargo de confianza y no está sujeto a directivas.
Esperan que la Corte resuelva suspensión del decreto
El abogado Carlos César Trapani, quien fuera miembro suplente del Consejo de la Magistratura, donde Jorge Kronawetter ejercía la titularidad, dijo que se espera que la Corte Suprema de Justicia haga lugar al pedido de la suspensión de efectos del decreto que designa a Alicia Pucheta como titular y a Ariel Martínez como suplente. “Esperemos que se resuelva lo más pronto posible porque la ley habla de resolver sin mayor trámite inmediatamente, no cuando existe un posible daño que sea irreparable que pueda producirse”, expresó Trapani.
El abogado mencionó que “la Constitución Nacional no es un asunto solamente de la Corte Suprema de Justicia”. “Quiero decir, si bien la Corte tiene la ‘última palabra’, todos los poderes del Estado y los ciudadanos deben guiar su actuación de acuerdo a la Constitución”, refirió.
En ese sentido, dijo que además de que se entiende que el decreto de Santiago Peña “violó 4 artículos de la Constitución, encontramos preocupante todo discurso que, como respuesta, sostiene: ‘A quien no le guste, que vaya a la Corte’”.
Agregó que la práctica constitucional merece que medidas como esta, la designación de altos funcionarios, sean tomadas sin ningún resquicio de incertidumbre, en lugar de incumplir las reglas y alegar que se está en lo correcto “porque todavía el árbitro no se pronunció”. Trapani mencionó que la Constitución Nacional establece que los mandatos deben durar tres años y en ese sentido recordó que la designación ha iniciado en marzo del 2017 con Carlos Cabrera, continuó en el 2020 con Mónica Seifart y terminó en marzo del 2023, donde fuimos designados.
“Ese periodo de tres años no puede contarse en virtud de las personas, sino en virtud del periodo afectado al cargo. Esto quiere decir que los mandatos ”, aseveró.
