ALTO PARANÁ
La ciudad de Presidente Franco atraviesa una transformación acelerada. El crecimiento urbano impulsado por la construcción del Puente de la Integración, que conecta el municipio con la ciudad brasileña de Foz de Yguazú sobre el río Paraná, ha generado nuevas oportunidades económicas y comerciales, pero también ha dejado al descubierto la falta de ordenamiento territorial, una problemática que desde hace años preocupa a distintos sectores sociales.
Nuevos barrios, invasiones de propiedades privadas y municipales, y comunidades comenzaron a surgir en distintos puntos del municipio, acompañando la expansión urbana y el aumento de la población. Sin embargo, este crecimiento se produjo sin una planificación clara, lo que derivó en conflictos entre actividades preexistentes y asentamientos urbanos instalados posteriormente en zonas consideradas de riesgo.
Actualmente, un proyecto de planificación territorial se encuentra en estudio en la Junta Municipal. No obstante, los problemas derivados de la ausencia histórica de regulación ya comenzaron a multiplicarse y uno de los casos más representativos es el enfrentamiento entre vecinos del barrio Santa Inés y la cantera Roca Negra. Esta cantera opera desde hace más de dos décadas en Presidente Franco. Cuando inició sus actividades, la zona se encontraba alejada de áreas densamente pobladas. Sin embargo, con el paso de los años y la expansión urbana desordenada, el entorno fue transformándose hasta quedar rodeado por viviendas y comunidades.
El barrio Santa Inés, creado hace menos de diez años, creció en las inmediaciones del establecimiento extractivo. Con la llegada de nuevas familias comenzaron también las denuncias contra las detonaciones realizadas en la cantera.
Los pobladores sostienen que las explosiones provocan graves daños estructurales en sus viviendas. Denuncian la aparición de grietas profundas en paredes y pisos, además del desmoronamiento de pozos y constantes vibraciones que afectan la seguridad de las familias.
La tensión aumentó aún más luego de que una detonación realizada recientemente provocara indignación entre los vecinos, quienes denunciaron que fragmentos de piedra llegaron hasta la calle.
INTERVENCIÓN MUNICIPAL Y SUSPENSIÓN TEMPORAL. Ante la creciente presión social y las denuncias de peligro en una zona ya urbanizada, la Municipalidad de Presidente Franco resolvió intervenir. La Comuna emitió una medida de urgencia disponiendo la suspensión temporal de las actividades de la cantera, argumentando que las explosiones representan un riesgo para la población. Posteriormente, la Dirección General de Material Bélico (Digemabel) también emitió una resolución ordenando el cese temporal de las detonaciones.
Desde la Municipalidad, señalaron que la decisión busca prevenir una eventual tragedia, teniendo en cuenta que el establecimiento se encuentra actualmente dentro de un área urbana. Además, las autoridades municipales informaron que se negó la patente comercial a la empresa basándose en ordenanzas vigentes que restringirían este tipo de actividades en la zona.
Sin embargo, según denunciaron vecinos y autoridades municipales, la empresa habría realizado nuevas explosiones pese a la notificación emitida para impedirlas, situación que desató nuevas protestas y disturbios.
PROTESTAS, DISTURBIOS Y TENSIÓN CRECIENTE. Desde hace semanas, los habitantes del barrio Santa Inés mantienen manifestaciones frente al acceso de la cantera. La situación alcanzó uno de sus puntos más críticos luego de que la empresa distribuyera un afiche invitando a los vecinos a abandonar temporalmente sus viviendas durante las detonaciones para reunirse en una plaza, donde supuestamente se ofrecerían gaseosas y panchos.
La propuesta fue interpretada por los pobladores como una burla frente a los daños y riesgos que denuncian desde hace años. Las protestas se intensificaron posteriormente con quema de cubiertas y daños en el acceso a la cantera. La situación obligó al despliegue de un importante contingente policial para evitar enfrentamientos mayores y contener los disturbios.
Los vecinos sostienen además que existen normativas que prohíben este tipo de explotación en el lugar. Mencionan ordenanzas municipales restrictivas y también la Ley N° 4738, que declara el área como reserva silvestre protegida y establece una franja de resguardo de 200 metros a ambos márgenes del río Paraná. Según las denuncias, las canteras operarían a distancias menores a las permitidas por la legislación vigente.
CRECIMIENTO SIN CONTROL
Más allá del conflicto puntual entre vecinos y la cantera, el caso volvió a instalar un debate sobre la necesidad urgente de un plan regulador y un ordenamiento territorial efectivo, un problema histórico en Presidente Franco.
Sectores como el Consejo de Desarrollo de Presidente Franco (Codefran) vienen reclamando desde hace años la implementación de políticas urbanísticas que permitan ordenar el crecimiento de la ciudad. El temor de distintos actores sociales es que Presidente Franco repita los errores de Ciudad del Este, donde la expansión urbana descontrolada derivó en problemas de infraestructura, ocupaciones irregulares y conflictos permanentes entre actividades económicas y zonas residenciales.
La puesta en funcionamiento total del Puente de la Integración podría acelerar aún más el crecimiento económico y poblacional del municipio. Actualmente, el puente opera solo en horario nocturno, pero se espera que cuando funcione plenamente impulse el desarrollo comercial y logístico de toda la región. Sin una planificación adecuada, especialistas y organizaciones civiles advierten que podrían multiplicarse conflictos similares al de Santa Inés. La expansión urbana sin control no solo afecta la convivencia entre industrias y comunidades, sino también la seguridad de los habitantes, la protección ambiental y el desarrollo sostenible del municipio.
UNA CIUDAD ANTE UNA DECISIÓN CLAVE. El conflicto entre la cantera Roca Negra y los vecinos del barrio Santa Inés refleja las consecuencias de décadas de crecimiento urbano sin planificación.
Mientras las autoridades municipales intentan contener la crisis y los pobladores exigen garantías de seguridad, el caso expone una realidad más profunda: Presidente Franco enfrenta el desafío urgente de definir cómo crecerá en los próximos años.
Con el avance del Puente de la Integración y la expansión económica proyectada para la región, el Municipio se encuentra ante una decisión clave.
La implementación de un ordenamiento territorial eficiente podría evitar nuevos conflictos y permitir un desarrollo urbano equilibrado. De lo contrario, la ciudad corre el riesgo de profundizar problemas que ya afectan a otras zonas metropolitanas del Alto Paraná.
La discusión ya no gira únicamente en torno a una cantera o un barrio. El verdadero debate es cómo construir una ciudad capaz de crecer sin poner en riesgo a sus habitantes ni sacrificar la convivencia entre desarrollo económico, seguridad y calidad de vida.
- El temor de distintos actores sociales es que Pdte. Franco repita los errores de Ciudad del Este, donde la expansión urbana descontrolada derivó en ocupaciones irregulares y conflictos entre actividades económicas y zonas residenciales.
- Los problemas derivados de la ausencia histórica de regulación ya comenzaron a multiplicarse y uno de los casos más representativos es el enfrentamiento entre vecinos del barrio Santa Inés y la cantera Roca Negra.
Empresa denuncia por coacción a la Comuna
La empresa cantera Roca Negra rechazó las acusaciones y respondió mediante su representante legal, la abogada Diva Riquelme, quien presentó una denuncia formal contra el intendente municipal Roque Godoy, el secretario general Ramón Viveros y el asesor jurídico Juan Domingo Silvero. La profesional comentó que denunció a las autoridades municipales por presuntos hechos de prevaricato, coacción grave y amenazas.
Según sostuvo, la medida de urgencia que paralizó las actividades de la cantera fue impulsada sin informes técnicos ni procedimientos administrativos adecuados.
Riquelme argumentó que, de acuerdo con la Ley Orgánica Municipal, toda medida de urgencia debe ser remitida en un plazo de 48 horas al Juzgado de Faltas para su tratamiento correspondiente, trámite que –según aseguró– no fue realizado dentro del plazo establecido. “La medida ya perdió vigencia porque no cumplieron el plazo legal establecido”, sostuvo.
También cuestionó que la resolución municipal no establezca un plazo determinado de duración, lo que calificó como una irregularidad administrativa. La representante legal advirtió además que la paralización de las actividades podría generar millonarias pérdidas económicas y afectar contratos con empresas clientes.
En otro momento, cuestionó la imparcialidad de funcionarios municipales involucrados en el conflicto, señalando supuestos vínculos personales y posibles intereses políticos detrás de las movilizaciones vecinales.
Riquelme también denunció actos de hostigamiento y violencia contra integrantes de la empresa y afirmó haber solicitado protección policial. Respecto a las detonaciones realizadas en la cantera, explicó que los procedimientos fueron supervisados por técnicos especializados de Dirección General de Material Bélico (Digemabel) y otras instituciones competentes.
- “La medida (la suspensión por parte de la Junta) ya perdió vigencia porque no cumplieron el plazo legal establecido”.
