¿Quién no quiere un transporte propio ante un sistema de transporte público humillante que no satisface a cabalidad?
Entonces, si las soluciones no vienen del Estado, y difícilmente vengan de allí, no queda otra que solucionar uno mismo el transporte personal diario con un biciclo. No es una mala opción, considerando el costo relativamente económico que implica una motocicleta.
Pero la historia no acaba allí. Uno de cada dos posee una moto en la zona urbana y casi cuatro de cada cinco lo emplean en la zona rural. Estas cifras evidencian que este transporte no es un mero lujo, sino que es una estricta necesidad ante la ausencia del Estado y de un transporte público nulo, ineficiente o incluso, de mala calidad en numerosos rincones de la república.
Casi un millón de motos hay en las calles (971.254 para ser exactos al 2021, según las últimas estadísticas), con una alta concentración en Central, Alto Paraná e Itapúa.
El uso de moto, por sus costos y accesibilidad, es básico para miles, considerando que gran parte de la población de Central —que vive en las ciudades dormitorio o aledañas a Asunción— se moviliza a la capital del país por necesidades acuciantes de su vida laboral.
El transporte público muchas veces no sirve para solucionar o satisfacer del todo esta necesidad de traslado que brinda una moto.
Pero como muchos dicen, lo barato también puede salir caro. El empleo de la moto implica altos riesgos como cualquier medio de transporte.
En dos años (2019 y 2020) unos 21.175 motociclistas fueron atendidos por lesiones de siniestros viales. Y ahondando más, de cada 100 lesionados en siniestros viales de motos en el 2020, 71 fueron varones y 29 mujeres, donde el grupo más afectado son los jóvenes de entre 15 y 29 años.
Estaría de más decir que serían jóvenes que muchas veces buscan salir adelante solos, sin apoyo del Gobierno de turno, sin considerar el pésimo estado de las calles, sin contar con un transporte público de calidad, entre otros factores negativos en su contra.
Y para ser más crudos, las causas de lesiones de los motociclistas, a datos del 2020, suelen ser choques (56,7%), seguidos de caídas al pavimento (35,4%), arrollamiento en la vía pública (6,4%), entre otros. Esto revela claramente los peligros e inseguridades que conlleva el uso de este transporte. Por ello, llegar sanos y salvos a destino ya se erige como una plegaria.
Usar casco ya es otro cuento que no debato aquí. Solo resta decir que uno de cada dos motociclistas que lo llevaron se salvó, ya que la otra mitad falleció por no tenerlo en la vía pública. Las cifras no mienten.
Tampoco haré apología al incumplimiento de la ley, aunque sí voy a llover sobre mojado ante una situación que se vive a diario: familias enteras de hasta cinco integrantes viajando en una moto.
Es un paisaje habitual en la vía pública. Pero, ¿quién es culpable? ¿el usuario de la moto que no tiene un transporte de calidad o un Estado que no brinda soluciones eficientes para que una familia se transporte dignamente?
Y trasladando esto en un paralelismo que no se ajuste del todo, me acuerdo de lo que decía siglos atrás sor Juana Inés de la Cruz en su inmortal poema: “¿O cuál es más de culpar, aunque cualquiera mal haga: la que peca por la paga o el que paga por pecar?”
El motociclista no puede ser el único culpable del mal uso de su transporte. Las culpas son aún mayores en el Estado y en sus autoridades que no dan opciones de un transporte digno y de calidad. Robar y no invertir en la población también sale caro para todos.
