@Raulramirezpy
El doctor Rodrigo Villagra Carrón habla de la legislación respecto a los derechos indígenas, del abandono del Estado, de la migración que existe y de la discriminación a la que son sometidos estos pueblos en nuestro país.
–¿Cómo ve la legislación sobre los indígenas? ¿Es letra muerta?
–En primer lugar, tenemos la Constitución, el capítulo quinto, donde están los principios, entre ellos, la preexistencia como grupo de culturas anteriores a la formación del Estado paraguayo. Es una base fundamental para entender el porqué el Estado debe una reparación histórica y en qué se fundan, tanto el derecho territorial como los demás derechos conexos. Ese reconocimiento es fundamental. Sobre si es letra muerta o no, hablamos de la brecha de implementación. Eso ya lo dijo Robert Stavenhagen, primer relator de las Naciones Unidas de los derechos de los pueblos indígenas. Hay que recordar que Paraguay es signatario de convenios internacionales que reconocen los derechos de la consulta previa libre e informada. También nuestro ordenamiento tiene la prelación de leyes y los convenios internacionales siguen a la Constitución. Pero lo que sí vemos es lo que (Bartomeu) Meliá hablaba que había una deforestación lingüística. Hay también un desmonte de las condiciones institucionales para hacer cumplir. Entonces, ahí nos referimos a la brecha de implementación y eso es reiteradamente declarado, observado tanto por organizaciones de derechos humanos, indígenas e internacionales. Si uno sigue, las sentencias y las resoluciones de observación de cumplimiento de las tres sentencias de casos contra el Paraguay que son Yakye Axa en el 2005, Sawhoyamaxa, 2006 y Xákmok Kásek 2010. En todas se recuerda que el Estado debe sobre todo conformar su legislación de manera que haga efectivas las reivindicaciones indígenas.
–¿Cuáles, por ejemplo?
–Hoy no tenemos sanción contra el incumplimiento del deber y la garantía del Estado que las tierras no sean arrendables, y hay varias salidas jurídicas a eso, pero de momento no existe. También hay un desfasaje con ciertas leyes ambientales y, sobre todo, más con la actuación práctica de las instituciones que deberían velar por el cumplimiento de los derechos como el Ministerio del Ambiente, que en muchas ocasiones ha dado resoluciones que no contemplan los derechos de los pueblos indígenas. Hoy, con la construcción de rutas y demás, se da un sentido restrictivo al derecho de consulta previa libre informada, como la política de los hechos consumados. Entonces, sí hay un punto entre los logros, el alcance, la profundidad de los derechos reconocidos a los pueblos indígenas y la institucionalidad que debería también por principio de derecho, no solo principio administrativo o de garantizar el cumplimiento de ese derecho. Entonces, hoy el desmonte, deforestación, por ejemplo, del Indi que, teniendo presupuesto, no puede pagar siquiera 250 hectáreas del pueblo Tooshe Qáltaq para la mitigación de los impactos de la ruta que va a General Bruguez. No reconocimiento de derechos por Itaipú Paraguay cuando Brasil está al menos un inicio de diálogo de reconocimiento. El Paraguay no puede avanzar en la protección del derecho de los Totobiegosode y de otros pueblos. Entonces, tenemos una buena legislación, tenemos los pilares en los principios que podrían dar una mayor seguridad jurídica, pero no tenemos las condiciones institucionales y eso ya ha sido observado por la propia Corte Interamericana en tres ocasiones al Paraguay. Y ese es el camino para que haya una justicia pro homine en el cumplimiento de los derechos de los pueblos indígenas.
–Hay abandono del Estado. ¿Qué se puede hacer?
–Es muy notorio que el Estado tenga una incuria y una suerte de esquizofrenia en el diálogo por gobernantes actuales y previos. Es una línea que ha ido profundizando infelizmente ya que no se tiene como prioridad la reparación de derechos, la restitución y la garantía de derechos de los pueblos indígenas, siendo que el Estado tiene muchísima información. Tenemos un censo reciente. Hay un 25% de comunidades sin tierra asegurada. Un porcentaje mayor, 25 con tierra alquilada con algún tipo de invasión o perturbación de su derecho y sus recursos. Estamos produciendo información sobre la correlación entre el nivel de pobreza y el incumplimiento del mínimo a restitución territorial. Hay una ley desfasada como la Ley 904. El Estado tiene todos los indicadores, cuántas escuelas hay, en cuántos lugares. Son cuestiones básicas que ni siquiera requieren una reformulación al tipo de Estado, sino la ampliación de su presencia, una función restitutiva y también de diálogo con los pueblos indígenas. Vemos al INDI, casi descabezado, donde su intervención es prácticamente inútil. Y ni qué decir, estas iniciativas como la alianza público privada con el viejo impulso de integrar a las comunidades en una cuestión económica cuando es el Estado que debe garantizar las condiciones para que eso se cumpla, conforme los derechos específicos reconocidos a los pueblos indígenas.
–¿Hay choque entre derecho consuetudinario con la ley penal?
–Nuestra Constitución es clara y el derecho incluso el convenio habla que los derechos consuetudinarios se aplican siempre y cuando no viole principios fundamentales, derecho a la vida, a la integridad física, a la propiedad, que hay que entenderla también como la propiedad indígena, comunitaria. Entonces, si bien no hay choque en realidad, seguimos con esa falta de infraestructura, los facilitadores indígenas, no hay formación de antropólogos en Paraguay, lo que constituye por lo menos una medida convencional o formación de los mismos para ser interlocutores válidos. Una traducción de ese derecho consuetudinario y los límites, los defasajes que hay con el derecho no indígena. Creo que las personas más prácticas, más dispuestas a hacer un diálogo, son los propios indígenas que, en algunos casos, consideran hacer denuncias en situaciones donde pueden haber desigualdades como mujeres que necesitan cobrar la prestación de alimentos en un sistema de trabajo que siempre implica que el hombre salga afuera, el trabajo rural mal pagado. En fin, ciertas reivindicaciones en que hay en común que, en realidad, lo que se tiene que tener acceso a los derechos mínimos, a la justicia y una capacidad de interlocución y negociación mejor, que escuche. Por ejemplo, cuando se exige mitigación de proyectos, protección de bosques, ampliación de tierras indígenas, se está hablando de derecho colectivo y eso también es parte del derecho consuetudinario, la autonomía de los propios recursos y la participación. Es derecho constitucional donde el Estado está fracasando, donde no está dando garantías. Ese es un conflicto con el derecho penal.
–¿Esto obliga a una migración hacia las ciudades?
–La migración urbana en los las últimas décadas ha sido elevada, pero tenemos estudios donde se refleja que es mucho mayor en un sentido positivo que las comunidades están retomando lugares y espacios urbanos y lo están haciendo reconstituyendo comunidades, para seguir la tradición, tener algún tipo de relación con el entorno que no es solo asistencialista. Personas que están en condiciones extremas de pobreza en las calles, con todas las agravantes y de violación de derechos de niños, también el racismo que hay. Entonces, ante eso, digamos, eso es la punta del fenómeno de una falta de políticas, y no se puede también pensar muchas veces diciendo, “hay unos cuantos mitos ahí; que son los propios caciques que usan para la prostitución a niñas”. En realidad, esos casos tiene que haber un estudio muy serio, de lo que está ocurriendo y unas medidas también mayormente serias que no sean simplemente criminalizar, estigmatizar a la población indígena, porque es pobre y porque está en la calle y entonces es la paz; al contrario, digamos, eso expone el nivel a los asesinatos, las violaciones de niñas.
- Hay una buena legislación, los pilares en los principios que podrían dar mayor seguridad jurídica, pero no tenemos las condiciones institucionales.
Rodrigo Villagra
Abogado por la Universidad Nacional de Asunción, magíster y doctor en Antropología Social por la Universidad de St Andrews, Escocia. Es presidente de Tierraviva y director de su Centro de Investigación y Capacitación Tomás Galeano. Es investigador, antropólogo, docente nacional e internacional.
