La inversión en infraestructura pública en redes de agua y energía es crucial para el funcionamiento eficiente de la economía. Una infraestructura bien mantenida y moderna reduce los costos y contribuye a la competitividad. Esto no solo beneficia a las empresas, sino que también mejora la calidad de vida de los ciudadanos, al garantizar el acceso a servicios esenciales.
Otro aspecto importante de la inversión pública en servicios públicos es su papel en la reducción de las desigualdades. Paraguay tiene grandes desigualdades que no se limitan a las económicas. Las poblaciones indígenas y rurales mantienen amplias brechas de cobertura que se esconden detrás de los promedios nacionales. Las diferencias departamentales son significativas y requieren ser abordadas. Es inconcebible que en un país sin grandes accidentes geográficos, como montañas o desiertos, todavía existan zonas excluidas de servicios públicos esenciales para la vida y la producción económica.
Pero no solo son importantes las coberturas, sino también la calidad. Los estudios y reportes en nuestro país indican los bajos niveles de calidad medidos a través de la potabilidad del agua y de los cortes de energía.
Para nuestro país es fundamental abordar estos desafíos de inversión. Sin embargo, es importante asegurar que la inversión pública sea eficiente y transparente. La corrupción y la mala gestión desvían recursos que deberían destinarse a mejorar los servicios, lo que socava la confianza de los ciudadanos en las instituciones e impide el financiamiento. Por ello, es fundamental que el Gobierno implemente mecanismos para limitar el uso discrecional de los fondos, implementar rendición de cuentas y fomentar la participación ciudadana en la toma de decisiones.
Paraguay necesita mejorar sustancialmente sus servicios públicos para mejorar la calidad de vida y transformarse productivamente frente a los desafíos que impone el bono demográfico, la integración económica, la transformación productiva y la crisis climática. Es imposible pensar en avanzar hacia el desarrollo con las brechas en cobertura y calidad de servicios públicos esenciales, como el agua y saneamiento y la energía eléctrica. Este desafío exige mecanismos de financiamiento que también deben tener condiciones de calidad. Las inversiones presentes no pueden ser transferidas a las generaciones futuras y los costos deben ser distribuidos de manera justa.
Los enormes déficits de infraestructura física no pueden ser reducidos aumentando las brechas, imponiendo costos excesivos a la población que apenas sobrevive o excluyendo territorios completos. Nuestro contrato social tiene como base la solidaridad y la equidad como uno de pilares de la acción pública, por lo tanto cualquier decisión debe analizarse desde el lado del gasto –donde y para quienes se invierte–, sino también como se distribuirán los costos.
