Entre 2002 y 2026, el número de contribuyentes en Paraguay pasó de 251.534 a más de 1.300.000. Según un informe de MF Economía e Inversiones, solo en los primeros cuatro meses de 2026 se incorporaron 33.357 nuevos registros al RUC. A su vez, los cotizantes al IPS superan los 1.043.000, según su Observatorio Estadístico. Estas cifras revelan algo a lo que se está prestando poca atención: en Paraguay se ensancha una población que paga impuestos, que cotiza al IPS, que accede aunque sea parcialmente a los servicios del Estado y que, tarde o temprano, va a potenciar la presión social por cambios en la calidad del gasto público.
La presión social no es nueva en Paraguay. Vino del movimiento obrero en los años ochenta y noventa, del campesinado desde mediados de los noventa, del estudiantado, del feminismo y hasta de grupos no organizados. Pero esas movilizaciones se han ido apagando: este año la Federación Nacional Campesina suspendió su marcha anual que sostenía desde 1994, el sindicalismo privado está prácticamente desaparecido y la red de organizaciones de la sociedad civil resiente un mundo que destina menos recursos a la cooperación y más a la seguridad. Ha habido varios motores de presión, pero hoy muchos están debilitados. La pregunta queda abierta: ¿se ha obturado la demanda social por cambios en Paraguay?
La respuesta puede estar en ese millón largo de contribuyentes que hoy sostienen una parte importante del gasto público. Una masa crítica que conoce qué es una factura, que sistematiza ingresos y gastos, que siente la volatilidad de los precios y que mantiene una relación contributiva con la DNIT, el IPS y otros organismos de control.
Este sector, mayormente desorganizado, es la clase media emergente que, por la fuerza de las circunstancias, va evaluando lo que paga frente a lo que recibe. Según el Banco Mundial (2024), la clase media paraguaya pasó del 24,8% de la población en 2003 al 41,6% en 2022, mientras la pobreza cayó del 57,7% en 2002 al 16% en 2025.
Este cambio sociodemográfico traerá, inevitablemente, cambios políticos. El crecimiento económico eleva los costos del clientelismo: no es lo mismo intercambiar favores y lealtad en contextos de elevada pobreza que en sociedades de creciente clase media. Resueltos los problemas materiales básicos, la población pasa a exigir mejor transporte, educación, salud y vivienda, y a indignarse más con la corrupción y el mal manejo del gasto público. Es difícil sostener una red clientelar cuando el votante tiene RUC, aporta a IPS, tiene expectativas concretas sobre el gasto y cada vez más herramientas para contrastar lo prometido con lo recibido.
El problema es que el Estado paraguayo carece de políticas diseñadas para esa clase media emergente. La arquitectura pensada para quienes ya salieron de la pobreza pero todavía no cuentan con una red de protección social pública es limitada. Esto pone al país en un momento bisagra.
De seguir asía, la presión por el cambio no llegará de forma dramática. Va a llegar desde los trabajadores, emprendedores, comercios y otros sectores de una clase media que paga, que observa y que espera. La pregunta para la política es si va a anticiparse a esa demanda con las políticas que esta nueva ciudadanía ya merece, o si va a esperar a que la cuenta llegue por sí sola.
