La Cámara de Senadores y la Contraloría General de la República firmaron un convenio de cooperación interinstitucional para fortalecer la investigación de la Comisión Especial que indaga la expedición de títulos universitarios presuntamente irregulares. El acuerdo permitirá incorporar el apoyo técnico de auditores e investigadores de la Contraloría, que ya desarrolla fiscalizaciones sobre acreditaciones, habilitación de carreras y posibles títulos falsos, con el objetivo de acelerar los resultados de la pesquisa.
El acuerdo fue suscrito por el presidente del Congreso, Basilio Núñez, en representación de la Cámara de Senadores, y el contralor general, Camilo Benítez.
El presidente de la comisión, senador Patrick Kemper, explicó que el convenio permitirá integrar de manera más dinámica el trabajo entre ambas instituciones y aprovechar la estructura técnica de la Contraloría.
“Básicamente, el fin del convenio que hoy firmamos es integrar de forma más dinámica una cooperación, sumar esfuerzos y aprovechar los recursos humanos, las capacidades profesionales, investigadores y auditores de la Contraloría para colaborar con el trabajo que estamos realizando dentro de la Comisión de Investigación de Títulos Falsos”, expresó.
Señaló que el propósito es ampliar la capacidad operativa de la comisión para obtener resultados en el menor tiempo posible.
Durante la sesión de la comisión, Kemper explicó que el convenio responde al gran volumen de documentación recibida a través de los pedidos de informes realizados a instituciones públicas y universidades. Indicó que algunas respuestas contienen entre 600 y 900 páginas, lo que hace necesario un apoyo técnico especializado para procesar la información.
Contraloría ya inició fiscalizaciones
Por su parte, el contralor Camilo Benítez informó que la institución ya inició una fiscalización especial antes de la firma del convenio debido a denuncias que venía recibiendo sobre el sistema de educación superior.
“Como teníamos denuncias previas, hace un tiempo la Contraloría inició una fiscalización especial y realizó una docena de requerimientos a distintas instituciones del Estado para investigar todas estas denuncias”, afirmó.
Explicó que actualmente existen tres actividades de control en marcha, consistentes en auditorías de cumplimiento y de tecnología.
Precisó que las investigaciones están orientadas a tres ejes principales: la falta de acreditación de calidad por parte de la Agencia Nacional de Evaluación y Acreditación de la Educación Superior (Aneaes), la habilitación de carreras por el Consejo Nacional de Educación Superior (Cones) sin reunir los requisitos legales y la detección de títulos falsificados o falsos.
Benítez explicó que la cooperación con la comisión se desarrollará en cuatro ejes principales.
El primer eje estará relacionado con la acreditación de calidad de la Aneaes, incluyendo el listado de personas que culminaron estudios en programas con dictamen de no acreditación, reportes de títulos irregulares y monitoreo de calidad por año.
Lea más: Comisión sobre títulos falsos sellará alianza con la Contraloría
El segundo eje estará centrado en el rol del Cones y del MEC, con revisión de resoluciones de habilitación, actas de verificación de campos clínicos en carreras como Medicina y Enfermería, además del sistema nacional de registro de carreras.
El tercer eje analizará la legalidad de los títulos, incluyendo la trazabilidad desde la habilitación hasta la emisión de la matrícula profesional, títulos registrados bajo medidas judiciales y comparación entre los registros de las instituciones y los datos del MEC.
El cuarto eje investigará la denominada ruta del dinero, con información sobre funcionarios que reciben bonificaciones por grado académico, pagos realizados por organismos del Estado y mecanismos utilizados para validar los títulos.
Cruce de datos e inteligencia artificial
Benítez también señaló que la Dirección General de Tecnología de la Contraloría realizará cruces masivos de información entre bases de datos del Ministerio de Educación y Ciencias (MEC), el Cones, el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) y el Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicación (Mitic).
El objetivo es reconstruir la trazabilidad de los títulos y determinar si personas con títulos irregulares accedieron posteriormente a cargos públicos y percibieron beneficios económicos.
“Vamos a suponer que exista algún egresado de una universidad o de una facultad habilitada irregularmente y esa persona luego accedió a un cargo público y cobró bonificaciones. Toda esa trazabilidad del dinero es lo que vamos a investigar”, explicó.
Consultado si esos hechos podrían configurar delitos, respondió: “Por supuesto que es penable”.
El contralor sostuvo que aún se desconoce la verdadera dimensión del problema.
“Nosotros no sabemos todavía la dimensión de lo que estamos hablando. Es como la corrupción en Paraguay: todos somos conscientes de que existe, pero nadie está haciendo nada al respecto”, manifestó.
Aseguró que los hallazgos de la Contraloría terminarán siendo remitidos al Ministerio Público.
“Estoy seguro de que esto va a tener que terminar en una investigación penal”, afirmó.
Recordó que la institución ya presentó denuncias anteriormente contra universidades, entre ellas facultades de Medicina de Ciudad del Este que funcionaban sin cumplir los requisitos legales.
Lea más: Comisión que investiga títulos falsos pide informes sobre carreras habilitadas
Incluso sostuvo que, en un escenario de investigaciones penales más avanzadas, las personas involucradas podrían colaborar con la Justicia para desmantelar el esquema.
“Lo que tenemos hoy son personas que no cursaron nada y tienen un título universitario. Esa es la realidad”, sostuvo.
Del muestreo al análisis del universo completo
Durante la reunión de la comisión y posteriormente en conferencia de prensa, Benítez insistió en que la Contraloría dejará de lado el método tradicional de auditoría basado en muestras para avanzar hacia la revisión integral de la información mediante herramientas tecnológicas.
“Con la tecnología y con la inteligencia artificial se puede verificar absolutamente todo”, afirmó.
Explicó que el sistema tradicional de muestreo presenta debilidades porque permite seleccionar qué casos revisar, mientras que el procesamiento masivo de datos posibilita analizar el universo completo de registros.
En ese sentido, indicó que la institución viene desarrollando un plan estratégico para incorporar inteligencia artificial a los sistemas de control.
“Ojalá ese plan estratégico pueda cumplirse, independientemente de quién esté al frente de la Contraloría”, expresó.
El contralor también señaló que uno de los principales obstáculos para fortalecer el trabajo del organismo es la falta de recursos.
“Tenemos muchas limitaciones presupuestarias”, afirmó.
Como ejemplo, relató que recientemente recibió a autoridades de los Emiratos Árabes Unidos fuera de la sede de la institución porque las condiciones edilicias de la Contraloría no eran adecuadas.
Asimismo, sostuvo que los organismos de control suelen ser insuficientemente financiados debido a que un mayor presupuesto implica una mayor capacidad de fiscalización.
“Cuanto más se financia un organismo de control, más controla y más denuncia”, señaló.
Por último dijo que la investigación recién comienza y que sus resultados podrían tener un fuerte impacto.
“Esta actividad de control ya no tiene retroceso. Si hay 50.000 personas afectadas por esto, será una realidad que tendremos que asumir entre todos”, expresó.
