La Comisión Especial de Investigación de Títulos Falsos del Senado resolvió reorientar su cronograma de trabajo y convocar en las próximas reuniones a representantes de las universidades Sudamericana, Da Vinci y Unasur, instituciones mencionadas por varios legisladores como las primeras que deberán dar explicaciones ante las denuncias de presuntas irregularidades en la expedición de títulos universitarios.
La decisión se adoptó luego de un extenso debate sobre la metodología que seguirá la investigación. El presidente de la comisión, senador Patrick Kemper, informó que se modificará la agenda prevista y que, por pedido de los miembros de la comisión, se priorizará la comparecencia de las autoridades universitarias.
“Los miembros de la comisión solicitan primero convocar a los representantes de las universidades privadas, las que hacen más ruido, por decirlo de una manera”, manifestó Kemper.
En ese sentido, explicó que quedará postergada para una etapa posterior la convocatoria al presidente de la Corte Suprema de Justicia y otras autoridades, para avanzar primero con las universidades privadas más cuestionadas.
Una de las intervenciones fue la de la senadora Celeste Amarilla, quien cuestionó que la comisión continúe concentrando sus trabajos en instituciones públicas cuando, a su criterio, ya existen suficientes antecedentes para iniciar la investigación sobre determinadas universidades.
“Acá ya hay publicaciones periodísticas fehacientes, casi fehacientemente comprobadas, de títulos falsos de ciertas universidades. Vamos a empezar por eso”, afirmó.
La legisladora sostuvo que la comisión debe comenzar por las instituciones que aparecen reiteradamente en denuncias públicas. “Tenemos que empezar por las acusadas”, expresó.
Amarilla mencionó específicamente a las universidades Sudamericana, Da Vinci y Unasur como las primeras que deberían ser convocadas.
También pidió convocar a ex rectores, actuales autoridades, decanos y responsables académicos de esas instituciones. Incluso planteó que las personas investigadas y sospechadas de contar con títulos falsos comparezcan ante la comisión. “Tiene que venir David Rivas y cualquier ciudadano del que nosotros tengamos esta información. Acá hay una funcionaria con nombre y apellido, que no voy a decir, pero tiene título falso, y ya su jefe, un senador me confirmó, entonces que venga ella también”, indicó.
“No sé qué estamos esperando para que vengan acá los ex rectores, los actuales, los ex decanos, los actuales decanos, los que firmaron los títulos, los que debían firmar. Todo eso tiene que venir”, manifestó.
La senadora insistió en que la comisión debe concentrarse en investigar posibles hechos punibles para luego remitir las denuncias al Ministerio Público. “Nosotros lo que vamos a hacer es investigar lo que la Fiscalía no hace y presentarles en forma de denuncia”, afirmó.
“Yo quiero llegar a la verdad y resolver el problema. Acá hay estafa, acá hay personas que en este momento tienen un título sin haber pisado un aula y se habla incluso de médicos”, dijo por su parte la senadora Esperanza Martínez.
El senador Derlis Maidana coincidió con la propuesta de acelerar las convocatorias y sostuvo que, en el caso de la Universidad Sudamericana, será necesario determinar bajo qué administración ocurrieron las presuntas irregularidades.
Explicó que, según la información que recibió, la institución atravesó tres o cuatro cambios de administración y de decanatos, por lo que consideró indispensable identificar el periodo en que se habrían expedido los títulos cuestionados.
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Maidana relató que conversó con un ex rector que intervino la Facultad de Derecho y le comentó que en ese entonces únicamente se desarrollaban cursos de posgrado para jueces y fiscales en un local ubicado cerca de la Curva de la Muerte, pero no existían carreras de grado.
“Quiere decir que en esa época todos los títulos expedidos de grado de abogado eran falsos. Y eso hay que saber bajo qué administración ocurrió, derivar el caso al Ministerio Público y que actúe de una vez por todas”, expresó.
Asimismo, mencionó informaciones periodísticas sobre facultades inactivas que continuarían otorgando títulos y afirmó que la comisión debe requerir todos los informes necesarios para acelerar el proceso.
“El pueblo paraguayo está esperando respuestas concretas de nosotros”, sostuvo, al señalar que una vez reunidos más elementos deberán remitirse los antecedentes al Ministerio Público para que impulse las investigaciones correspondientes.
Por su parte, la senadora Lizarella Valiente acompañó la propuesta de convocar a las universidades cuestionadas, aunque planteó que el análisis debe centrarse en casos individuales para reconstruir el recorrido académico de cada estudiante cuyos títulos fueron objetados.
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Explicó que será necesario verificar la inscripción del alumno, los registros de asistencia, las evaluaciones y el proceso de certificación para diferenciar a quienes cursaron regularmente de quienes eventualmente obtuvieron un título de forma irregular.
“Tenemos que ir sobre las individualidades. El ciudadano que cursó correctamente no puede estar en la misma bolsa que quien compró un título”, sostuvo.
El senador Dionisio Amarilla coincidió en la necesidad de convocar a las universidades, pero insistió en que la comisión debe trabajar con un esquema ordenado, comenzando por un relevamiento de todas las universidades habilitadas, las carreras autorizadas, sus sedes y la cantidad de alumnos matriculados y egresados.
Kemper confirmó en la conferencia de prensa que la comisión dará prioridad a esta nueva etapa de la investigación y que las convocatorias a las autoridades universitarias serán las próximas acciones de la comisión especial.
