La Comisión Interinstitucional de la Zona de Seguridad Fronteriza informó al Congreso sobre los brasileños y otros que ocupan tierras al lado de las áreas protegidas de la represa binacional.
En los cinco años del nuevo rumbo no hubo un solo operativo anticontrabando de los militares en la franja de bosques de la represa binacional, donde abunda el tráfico ilícito de cigarrillos.
Ya en el año 1982, el Instituto Paraguayo del Indígena pidió a la binacional que revea su postura, que indemnice a los Ava Guaraní afectados y que sean relocalizados “dentro del área de su hábitat”.
Los abogados que representan a los indígenas de la comunidad Sauce, amenazada de desalojo por la binacional, indicaron que la represa violó los derechos de los nativos a recibir tierras.
La procuradora general brasileña, Raquel Dodge, pidió esta semana al Gobierno Federal, al Funai, al Incra, a Itaipú Binacional y al Estado de Paraná que compensen los daños causados a los avá.
El informe enviado por la binacional al Congreso dice que la comunidad Sauce fue reasentada en los años 80 en tierras compradas. La historia que relatan los sobrevivientes es de total abandono.
Informe antropológico señala que la binacional debe resarcir el daño ocasionado a comunidades nativas por haber violado legislación a nivel local y también legislaciones a nivel internacional.
Estudios históricos y antropológicos que impulsó la binacional al inicio del proyecto identifican a la comunidad Sauce, y ya señalaba que las recomendaciones eran que debían resistir el desalojo.
Los detalles sobre la investigación de Última Hora, que evidencian que las áreas de protección del embalse de la hidroeléctrica Itaipú son aprovechadas por criminales, agroempresarios y políticos, fueron presentados en el programa La Lupa.
