El pedido de intervención de dos de los más grandes municipios del país, en territorio y presupuesto, aporta al debate, por un lado, el grave asunto de falta de credibilidad de autoridades e instituciones, y, por el otro, la cruda realidad del distanciamiento que hay entre algunos gobiernos municipales con las verdaderas necesidades de los vecinos. Mientras, el centro de Asunción subsiste sepultado en basura, en otros inauguran parques y costaneras, que son obras fundamentales para promover la vida comunitaria de la población.
La Constitución Nacional le otorga a los municipios diversas atribuciones, entre ellas, atender en cuestiones de urbanismo, ambiente, abasto, educación, cultura, deporte, turismo, asistencia sanitaria y cuerpos de inspección. Dictan ordenanzas y reglamentos y deben fiscalizar el tránsito, el transporte público y otras materias relativas al tránsito en las ciudades.
Resumiendo, el trabajo de los intendentes es administrar y organizar la vida de las ciudades, fundamentalmente, porque en ellas viven los vecinos, entonces el sentido de fondo sobre la existencia de un intendente y una Junta Municipal es trabajar denodadamente para que la comunidad acceda a entornos públicos limpios, ordenados, amables, y que colaboren con su bienestar.
Si bien es notorio el déficit en cuanto a logros y esfuerzos de los intendentes a nivel país, desde hace décadas, este divorcio entre los intereses políticos y económicos y la reivindicación de calidad de vida de la población se acentúa cada vez más. Lamentablemente, los gobiernos municipales se han ido convirtiendo, al igual que el Gobierno central, en meras bolsas de empleo para los amigos y las familias de los políticos. Por esta razón, se prioriza en los presupuestos el gasto en salarios por encima de la inversión en obras a favor de la comunidad.
Un caso ejemplar es el de los recursos provenientes del Fondo Nacional de Inversión Pública y Desarrollo (Fonacide) recursos derivados de la compensación por cesión de energía de Itaipú de los cuales cada año presentaban grandes dificultades para presentar los informes sobre el uso de los cuantiosos recursos recibidos, así como mostrar transparencia y disposición para realizar las obras en beneficio de las respectivas comunidades. Durante años, los municipios han recibido miles de millones de guaraníes, sin que la inversión fuera notoria en las ciudades.
Los paraguayos necesitan que estas autoridades, que son las más cercanas y que deberían conocer mejor sus necesidades, se comprometan más a resolver los problemas urbanos, planificar mejor las ciudades y emprender más obras que estén dirigidas a dar calidad de vida a las personas. Necesitamos más plazas públicas, espacios verdes para la expansión de las familias, la práctica de deportes, lo que también están enlazados con el objetivo de mejorar la salud de la comunidad. Faltan más espacios colectivos, como la Costanera de la ciudad de Villeta a orillas del río Paraguay, que será próximamente habilitada. Urge que a la par de hacer obras de infraestructura vial piensen en proyectos urbanísticos, con bicisendas, camineros, parques y buenos servicios.
Eso es lo ideal, un modelo que se enfrenta a la actual dejadez de ciudades como Asunción, sumida en el abandono, la suciedad y el peligro. Y otras que fueron creciendo desmesurada y desordenadamente como las del área metropolitana y el Departamento Central, en las que los intendentes ni siquiera logran mantener la calidad de sus calles y avenidas.
Nuestras ciudades sufren el caos del tráfico por la falta de un sistema de transporte público y de movilidad que le permitan al ciudadano desplazarse con seguridad y comodidad. Hay problemas con el depósito de los residuos, y no hay suficientes áreas públicas verdes para la recreación de los vecinos y sus familias.
Ninguna de estas cuestiones están siendo debatidas en este momento, el pedido de intervención de dos municipios, si bien está basado en informes de la Contraloría ha sido politizado y será decidido por un Parlamento Nacional con mayoría colorada cartista, que no priorizará las demandas ciudadanas, sino su propia agenda partidaria, con el riesgo de hacer realidad el dicho: “Para mis amigos, todo; a mis enemigos, la ley”.
