En la sesión ordinaria del miércoles, la Junta Municipal de Ñemby resolvió frenar la mudanza de las oficinas del Instituto Paraguayo del Indígena (Indi) porque no se cumplieron las ordenanzas respecto a la notificación de usufructo de inmuebles en zonas comerciales. Considera que la decisión se tomó de forma unilateral y que la edificación ni siquiera cumple con los requisitos de una sede estatal.
Se trata de un inmueble perteneciente a Wilfrido Cáceres, asesor y mano derecha del intendente de Asunción, Óscar Nenecho Rodríguez. La obra fue comisada junto a otras propiedades suyas en el marco de la imputación que enfrenta por enriquecimiento ilícito y lesión de confianza.
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Sobre la crisis que generó el uso del edificio para las oficinas del Indi, el asesor jurídico de la Secretaría Nacional de Administración de Bienes Incautados y Comisados (Senabico) deslindo responsabilidades. Explicó en radio Monumental 1080 AM que el lugar se entregó a la institución beneficiaria mediante un acuerdo de uso provisional.
En este sentido, mencionó que Senabico no tiene la obligación de comunicar a los municipios sobre la entrega de inmuebles y, además, considera que en otras experiencias tampoco las instituciones beneficiarias notificaron a los municipios sobre el usufructo de bienes comisados.
Las instalaciones aparentemente se estaban preparando para abrir un consultorio odontológico hasta que Cáceres fue intervenido por los órganos de Justicia.
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García, además, dijo que funcionarán en Ñemby algunas oficinas administrativas, no así la Presidencia, que está a cargo de Juan Ramón Benegas.
Concejales agotarán instancias
El concejal Marcelo Martínez comentó en NPY y radio Monumental 1080 AM que la Junta Municipal tomó conocimiento de la mudanza a través de los vecinos que observaron movimientos en los últimos 15 días.
Cuando los ediles se acercaron para notificar sobre la resolución que obliga a parar las actividades, los funcionarios no recibieron el documento y les impidieron el ingreso.
“Es prácticamente un total despropósito, en el sentido de que no se ha respetado la institucionalidad en este caso. No hay planificación, no cuenta con la aprobación de la Junta, directamente ellos tomaron de forma unilateral esta decisión”, se quejó Martínez.
Mencionó que el lugar no está preparado para operar como ente estatal y además tiene una piscina, que nada tiene que ver con la dinámica de una institución pública.
“Es una casona que no reúne los requisitos para ser una oficina de institución pública. Parece más un lugar de distención que una oficina estatal”, cuestionó.
El concejal anunció que la Junta Municipal tomará otras acciones para frenar la operatividad de las oficinas. Con el equipo jurídico se analizará la opción de recurrir al Tribunal de Cuentas o directamente al Juzgado de Primera Instancia para obtener una medida cautelar.
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Martínez también apuntó al intendente Tomás Olmedo, porque considera que nada pasa en la ciudad sin que el jefe comunal se entere. Pero sospecha que no está interviniendo de manera a congraciarse con el Gobierno Central y tener su apoyo frente a una imputación por lesión de confianza, estafa y otros delitos, en el marco del supuesto desvío de unos G. 700 millones.
Al mismo tiempo, pesa sobre el Omedo un pedido de intervención por parte de los concejales.
