El equipo del Ministerio Público, encabezado por el fiscal Itálico Rienzi, realizó este martes un operativo con cámara oculta y vigilada en el barrio Monseñor Bogarín, de Mariano Roque Alonso, del Departamento Central, durante la entrega de unos G. 9.200.000.
El operativo contó también con la participación del Departamento de Crimen Organizado de la Policía Nacional.
En el procedimiento fueron detenidos Carlos Noguera, Catalina Bogado, Gloria Noguera y Daniel Noguera. El primero de ellos aparentemente se dedicaba a la venta de carpetas de herencia de una empresa presumiblemente ficticia denominada The First National Bank Group, ligada a los derechos sucesorios de un supuesto terrateniente o comendador de nacionalidad brasileña, que falleció en los años 1800.
Los interesados en acceder a la carpeta, que son cuotas de derechos, debían abonar la suma de USD 6.000 para el trámite de sucesión de herencia.
Al principio, solicitaban USD 1.000 para el ingreso a un grupo de mensajería instantánea, donde se encuentran 280 miembros –que serían las víctimas– a los efectos de acceder a las documentaciones pertinentes para la compra de carpetas de cesiones de derechos y las transferencias hereditarias de una sucesión intestada del comandante Domingo Faustino Correa de Río Grande do Sul.
No obstante, habrían más afectados, ya que la Fiscalía habla de un listado con más de 700 personas, donde figuraban pedido de hasta USD 5.000.
El Ministerio Público apuntó que Carlos Noguera es parte de un esquema que está vinculado a un ciudadano argentino identificado como Guillermo Ameri, prófugo de la Justicia por varias causas de estafa.
Una de las víctimas ya habría entregado al grupo aproximadamente G. 200 millones, acumulado desde 2019 en diversos montos. Se expedía un pago por los recibos con diferentes firmas y en cada oportunidad que se abonaba, las víctimas recibían correos electrónicos supuestamente de los bancos autorizados.
Las víctimas eran intimidadas o amenazadas por Carlos Noguera si hacían algún tipo de reclamo.
La entrega vigilada de la Fiscalía y la Policía Nacional se realizó durante la entrega a los presuntos estafadores de unos G. 9.200.000, suma que fue autenticada previamente bajo orden del Juzgado de Paz.
El esquema delincuencial empezó a operar aproximadamente desde finales de mayo de 2019 hasta la actualidad en Asunción, Ciudad del Este y otros lugares. Incluso, se presume que tiene alcance en el extranjero, como en Uruguay y Brasil.
