La organización Iniciativa Amotocodie publicó una investigación en la que revela la concesión por parte del Viceministerio de Minas y Energía, dependiente del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), a la empresa Minera Costa Jhu SA, que afecta de manera directa y significativa a los intereses y bienes de las comunidades ayoreo de Puerto María Auxiliadora, en el distrito de Carmelo Peralta, en el Chaco.
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“Si bien el proyecto es de prospección y consiste en un relevamiento de campo con toma manual de muestras de suelo y roca, sin uso de metodologías agresivas de prospección, su aplicación afecta directamente a las tierras en propiedad de las comunidades de Puerto María Auxiliadora y sus implicancias posteriores pueden ser de alto impacto”, señala.
El estudio de impacto ambiental se elaboró para la habilitación del proyecto de prospección de minerales metálicos y no metálicos, con el objetivo de detectar fuentes primarias de mineralización del oro y plata y se aprobó el 23 de diciembre del 2023.
“Un total de 870 hectáreas se superponen con los inmuebles en propiedad de las comunidades indígenas ayoreo de Puerto María Auxiliadora, incluyendo el lote comprometido judicial y administrativamente, que es demandado por las mismas comunidades como parte de su territorio ancestral. Esta superposición abarca la totalidad del Cerro Siete Cabezas y su entorno inmediato”, revela.
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Asimismo, relata que las comunidades del Puerto María Auxiliadora, vecinas de la ciudad de Carmelo Peralta, en Alto Paraguay, resultan de un proceso de captura y destierro de los grupos nómadas que habitaban el norte del Chaco a principios de la década de 1960, trasladándolos a la Misión de Puerto María Auxiliadora, en la costa del río Paraguay.
Aquel traslado fue llevado adelante por la Misión Salesiana, “en una acción que en aquella época se consideró humanitaria, con el objetivo de llevarlos a la conversión a la fe cristiana y evitar su persecución y muerte por parte de quienes pretendían desarrollar diferentes formas de producción en su región de origen”.
Sin embargo, debido a las grandes inundaciones del río Paraguay de 1982 y 1983, los indígenas abandonaron la Misión de Puerto María Auxiliadora y se instalaron en las laderas del Cerro Siete Cabezas, considerando el lugar como territorio sagrado y su hogar desde ese entonces.
“Para asegurar el espacio necesario ante posibles futuras inundaciones extraordinarias, y viendo el profundo valor que tiene el cerro para el pueblo ayoreo evangelizado, la Misión Salesiana adquirió en 1984 tres inmuebles con una superficie total de 1.600 hectáreas, en donde se encuentra el 80% de la superficie del cerro. Estas tierras fueron transferidas en propiedad a las comunidades en 2004 y en 2007”, informa.
Entre tanto, menciona que vista la importancia del área total del cerro y ante la inminencia de una posible destrucción, atentos con lo que ocurría con la cantera de la empresa Aguia SA, que está devastando un pequeño cerro unos kilómetros más al sur, las comunidades comenzaron una demanda para proteger el lote que abarca el resto del Cerro Siete Cabezas, requiriendo el reconocimiento de su propiedad, fundados en la ocupación y uso consuetudinario que se le da.
“En este momento dicha demanda tiene un proceso judicial y administrativo, sumado a una medida cautelar de protección”, revela.
Desde la organización cuestionan que el Viceministerio desconozca el catastro de propiedades indígenas y que el Mades ignore lo que aprueba, o peor aún, lo haga sabiendo que se violan normativas, se ignoran derechos y se ponen en riesgo los intereses de los pueblos indígenas que habitan la zona donde se aplicará el proyecto.
La organización Iniciativa Amotocodie se dedica desde el 2002 a la defensa de la autodeterminación de los grupos ayoreo que viven en estado de aislamiento voluntario y acompaña el proceso colectivo del pueblo ayoreo en su defensa de sus derechos humanos, culturales y territoriales.
