El comandante Cristhian José Rotela Valdez, en conferencia de prensa, señaló que esperan los resultados de la investigación sobre supuestos hechos de torturas, denunciados la semana pasada, por parte de militares de la Prefectura Naval del Este.
“Actualmente, solamente el comandante saliente, Díaz, es el que está separado del cargo, los demás personales que estuvieron en aquel operativo continúan en la unidad, ya bajo mi mando y cumpliendo las tareas específicas que son asignadas”, refirió.
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Manifestó que la Armada Paraguaya no tolerará ningún tipo de abuso que pueda ser realizado por parte del personal. “En caso de que a las resultas se demuestre que un personal haya tenido mala fe para actuar de una forma prepotente o abusando de los ciudadanos, con todo el rigor que establecen las leyes militares el personal va a ser sancionado”, aseguró.
Rotela comentó que un ciudadano que no haya cometido un hecho ilícito “no tiene ningún motivo para temer”, informó el periodista de Última Hora Edgar Medina.
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Asimismo, el comandante reafirmó que la Armada Paraguaya continuará de manera firme y contundente realizando su tarea de control fluvial en su zona de responsabilidad, en el río Paraná, y cumpliendo el rol de Policía fluvial a fin de ejecutar las tareas que le son asignadas.
“Todas nuestras actividades seguirán siendo realizadas con el mayor rigor, con la firmeza que amerita el caso”, mencionó.
El caso
Un tiroteo entre marinos y presuntos contrabandistas se produjo el jueves pasado en Ciudad del Este, Departamento de Alto Paraná. El enfrentamiento dejó como saldo 35 detenidos, entre ellos menores de edad, y un muerto, el marino Marcos Agüero, quien falleció tras el ataque.
Los militares irrumpieron en las viviendas aledañas al río Paraná, donde los pobladores presuntamente fueron sacados a punta de armas de fuego de sus dormitorios, entre ellos menores de edad y ancianos, quienes denunciaron que fueron torturados, en represalia por el militar fallecido.
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Por la muerte del militar se encuentran imputados por homicidio doloso Silvio Brítez, alias Kape, y Rafael Da Silva Steinhofel, de nacionalidad brasileña.
También se encuentran imputadas otras 26 personas que habrían participado del tiroteo por la supuesta comisión de los hechos punibles de frustración de la persecución y ejecución penal, resistencia y violación de la cuarentena sanitaria.
