La población juvenil de entre 15 y 29 años representa más del 25% del total nacional. Esta estructura de edades constituye un dividendo estratégico para impulsar el desarrollo y una sociedad con menos desigualdades. Pero la evidencia advierte el riesgo de perder esta oportunidad si no se abordan con urgencia las brechas estructurales, la inversión pública y el aporte del sector privado.
En el ámbito educativo, cerca de 6 de cada 10 jóvenes no asisten a instituciones de enseñanza formal, cifra que se eleva a casi 9 de cada 10 en jóvenes de 25 a 29 años. En un mundo tan exigente, estas cifras interpelan el compromiso que tiene el país por dotarles las capacidades necesarias. El 16% no estudia ni trabaja en el mercado laboral; es decir están excluidos de los principales ámbitos en los que se mueve este grupo etario.
Los obstáculos económicos –la necesidad de generar ingresos para el hogar– constituyen la causa primordial de inasistencia, acompañados por las cargas familiares y de cuidado no remunerado que afectan desproporcionadamente a las mujeres.
Desde la perspectiva del análisis económico, el principal obstáculo que enfrenta la juventud en Paraguay es la alta precariedad laboral. Las consecuencias de la exclusión escolar se trasladan de forma directa al mercado de trabajo. El 80,2% de la juventud ocupada no aporta a un sistema de jubilación y el 57,8% de los asalariados trabaja bajo contratos verbales. La desocupación y la subutilización de la fuerza de trabajo castigan a la juventud, especialmente a las mujeres.
Frente a esta coyuntura, las políticas públicas enfrentan el desafío de reestructurar un gasto público social en juventud insuficiente. Es prioritario aumentar la calidad de la enseñanza en todos los niveles educativos, universalizar la educación media, impulsar el sistema de protección social e implementar una política de cuidados que redistribuya las cargas domésticas para facilitar la reinserción educativa y laboral de las mujeres. Asimismo, se requiere adaptar el sistema de seguridad social contributiva para admitir la movilidad ocupacional y la portabilidad de los aportes.
Por otro lado, el sector privado debe asumir un rol estratégico para resolver la desconexión existente entre la oferta formativa y la demanda del mercado laboral.
Las empresas pueden acelerar la formalización mediante contratos de aprendizaje, la articulación de pasantías remuneradas e inversiones en competencias duras y blandas. Las universidades y los institutos de formación superior deben asumir el compromiso de proporcionar formación de calidad.
Por supuesto, un principio clave es el apego a las leyes. Miles de jóvenes trabajan de manera precaria por fuera de las normas laborales obligándoles a iniciar una trayectoria laboral que les afectará por el resto de sus vidas.
Sin embargo, para construir una sociedad verdaderamente democrática y cohesionada es imprescindible ir más allá de la consideración de que la juventud tiene como potencialidad su capacidad para integrarse al mercado laboral o para incrementar el producto interno bruto. Esta posición ignora su potencial como agentes creativos, críticos y transformadores en el presente. Reconocer su protagonismo implica escucharlos como ciudadanos plenos con derecho a incidir activamente en las decisiones políticas, sociales y colectivas que moldean sus vidas y sus entornos.
Esta transformación conceptual exige el desarrollo urgente de políticas públicas integrales que trasciendan la lógica económica. Se requieren políticas culturales y deportivas que no se conciban como mero entretenimiento o consumo comercial, sino como plataformas de desarrollo humano, identidad y reconstrucción del tejido social. Garantizar el acceso a la cultura, la expresión artística y el deporte integra a los jóvenes a espacios comunitarios para la convivencia, la salud mental y la pertenencia, fortaleciendo su autonomía y permitiéndoles desplegar todo su potencial.
No se debe perder esta ventana de oportunidad, del potencial que representa la población juvenil de entre 15 y 29 años, si no se abordan con urgencia las brechas estructurales, la inversión pública y el aporte del sector privado.
En conclusión, es fundamental articular esfuerzos entre el Estado, las empresas y la sociedad civil para garantizar educación pertinente, protección social, empleo decente, acceso a cultura, esparcimiento y deportes como condiciones indispensables para que este sector de la población se constituya en un motor permanente de desarrollo.
