El hombre que fiscaliza la fotocopia de algunos documentos del Senado y su unión con una presilladora en hasta siete folletines por día, y la mujer que levanta el tubo del teléfono y comunica a ocasionales llamadores con la oficina de algún legislador cobran poco más de 21 millones de guaraníes por mes, lo equivalente a nueve salarios mínimos; la directora del Ministerio de Salud, responsable de monitorear y enfrentar las epidemias de dengue, Covid, chikungunya y zika –sumando sus dos vínculos médicos y una cátedra en la universidad– alcanza 15 millones de guaraníes mensuales.
Esta comparación de funciones y salarios gráfica de manera ejemplar el particular modelo meritocrático instalado en el Estado por los sucesivos gobiernos colorados, y replicado sin pudor por los demás partidos.
De acuerdo con este notable sistema de valoración, el derecho a ocupar un lugar en la nómina pública y la remuneración asignada dependen del cumplimiento de determinados requisitos que nada tienen que ver con la formación académica, la experiencia laboral o la probidad. En una escala de importancia de mayor a menor prevalecen en los primeros lugares el parentesco, la vinculación emotiva y carnal, la incondicionalidad partidaria y las dotes de zalamería y alpinismo republicano.
Bajo esta lógica torcida, la creación de cargos públicos y la asignación de salarios no guardan la menor relación con las necesidades del Estado y mucho menos con las del contribuyente que financia este reparto. Reto a cualquiera de los defensores del modelo a que explique cuál es el beneficio que le reporta al pagador compulsivo de impuestos, la oficina que imprime folletines en el Senado, con un costo superior a los 45 millones de guaraníes por mes, o el gestor de análisis laboratoriales de la Cámara Alta, con una asignación mensual de más de 14 millones de guaraníes.
Imaginemos por un momento que cualquiera de estos espacios inventados por la jauría política tuviera en realidad alguna relevancia. En ese caso, sería necesario contratar a las personas más idóneas, y no hay método más eficiente para hacerlo que con un concurso de méritos y aptitudes. Calculen la cola de los postulantes para impresores del Senado o para telefonistas. Por un ingreso equivalente a nueve salarios mínimos, tendríamos en esa fila a ingenieros en telecomunicaciones, becarios de la NASA y especialistas capaces de convertir un folletín en una golosina para bibliófilos.
El mismo fenómeno se reproduciría en casi todas las dependencias públicas. Si la Dirección Jurídica de Itaipú se concursara, con ese modesto salario de más de 70 salarios mínimos, se postularían con entusiasmo profesionales paraguayos con dos y tres doctorados de las mejores universidades del mundo. La esposa del presidente del Senado, que hoy ocupa el cargo, no tendría la menor oportunidad. Y siguiendo con la misma lógica, la hija del vicepresidente Pedro Alliana, con su título posnombramiento de una ignota universidad privada, sería barrida con seguridad por una legión de jóvenes académicos brillantes, desesperados por conseguir alguna oportunidad laboral.
Pero claro, hoy, bajo el verso del cargo de confianza, la verdadera meritocracia es imposible. El reparto discrecional es el botín político. El voto lo legitimó, según el perturbador razonamiento del propio presidente de la República, Santiago Peña. Eso explica por qué el ejército de hurreros digitales que parasitan en la nómina del Estado intentan minimizar esta práctica, alegando que su impacto en el presupuesto público es menor, y que lo relevante es que la administración colorada garantiza la permanencia de las políticas económicas de estabilidad y crecimiento. Ambas son falacias.
El clientelismo político no solo desangra las arcas públicas con el pago de salarios absurdos y por servicios innecesarios, sino también distorsiona, y a menudo destruye, al Estado como herramienta para aplicar políticas públicas.
Acaso el mejor ejemplo es el Ministerio de Educación. Décadas de politización partidaria lo convirtieron en una masa informe y tumefacta incapaz de desarrollar planes efectivos de educación, condenando a generaciones de paraguayos a la mediocridad y a la pobreza.
Los escándalos de nepotismo y los cargos inventados no son anécdotas, son los síntomas visibles del modelo que nos ha convertido en lo que somos, un país que apenas sobrevive en la periferia del mundo.
