A pesar de contar con una inversión prevista de G. 14.542 millones, la obra que debía dotar de seguridad a permisionarios y usuarios del Mercado 4 de Asunción es hoy un conjunto de archivos digitales que pasaron de mano en mano, pero nunca terminaron de ejecutarse.
Según explicó Alejandro Buzó, actual director de Mercados Zonales, el plan original no era una simple mejora cosmética, sino un sofisticado sistema de ingeniería de prevención que incluía una caseta de bombeo centralizada con capacidad para “800 metros cúbicos de agua” y una red de cañerías distribuidas estratégicamente al alcance de los distintos locales del Mercado 4.
“El proyecto tenía la siguiente intención: El área del mercado (por un lado), el sistema de bombeo (por otro lado), y la red hidráulica iba a ser una suerte de cordón. (...) El sistema tiene una bomba de incendio. La idea del proyecto, 800 metros cúbicos de agua, y todo un sistema que tenía puntos de conexión distribuidos absolutamente en toda la red”, detalló Buzó.
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“Donde vos conectes esto con una manguera, sale con presión de incendio. Entonces eso evita que necesites que el camión de bomberos ingrese únicamente (sic). Vos, caminando, te conectás y tenés agua para ese punto”, añadió.
El proyecto buscaba que los locales con estructuras fijas pudieran conectarse a una red de cañerías que se extendiera por unas cuatro o cinco manzanas comerciales, según explicó el jefe de Mercados Zonales.
En lugar de que cada vendedor dependiera de un sistema aislado, sus rociadores internos se alimentarían de esta red común.
La reserva central de 800 metros cúbicos de agua (800.000 litros) iba a garantizar que el agua recorra toda la red y que, al activarse un rociador o conectarse una manguera, el líquido salga con presión de incendio inmediata.
La instalación de estos rociadores, añadió Buzó, permitiría a los locatarios, además, cumplir con la Ordenanza 468/14, que exige medidas específicas de protección (como tanques y rociadores) para los comercios.
"(De acuerdo) a la dimensión que hoy exige la ordenanza, era dotarles de la posibilidad de que se conecten a la red y ellos tengan rociadores en sus locales”, apuntó.
El proyecto incluso tenía previsto el pago de una tasa por el servicio de prevención de incendios, a través del cual se financiaría el mantenimiento de la red y aseguraría el servicio.
“Se volvió interesante el proyecto porque era sostenible en el tiempo. Por ejemplo, el locatario pagaría una tasa por el servicio de prevención de incendios, entonces estaría conectado a una red de agua para incendio. Ese era el proyecto”, contó Buzó.
Obra quedó en instancia de revisión documental, según director del Mercado
Esta infraestructura técnica de alta complejidad quedó varada durante la administración del ex intendente Óscar Nenecho Rodríguez. Tras ser derivada a distintos departamentos, entre ellos la Dirección de Obras y a la Dirección de Administración y Finanzas (DGAF), entonces a cargo de Edwin López, nunca se informó acerca del inicio de los llamados a licitación correspondientes.
Alejandro Buzó contó que se realizaron gestiones ante el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) y la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP) para clarificar los rubros presupuestarios de esta obra pública, pero el impulso técnico se retrasó en las oficinas administrativas.
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“Nosotros como área técnica debíamos derivar nada más el proyecto. Tuvimos reuniones con la gente del Ministerio, ese momento de Hacienda. Se había hecho una cuestión sobre a qué rubro correspondía, porque no se entendía si era una obra pública o iba a ser una obra para el edificio (municipal), por eso se decía que era un desafío también administrativo”, recordó.
Señaló que en el proceso de desarrollo del proyecto, se constató que el propio edificio municipal no contaba con planos aprobados. Esta regularización era una exigencia de Itaipú para avanzar en proyectos conjuntos y solo se logró completar recientemente, “en un lapso no mayor a los últimos 12 meses”.
Buzó señaló que el proyecto, hasta donde tiene constancia, quedó “en instancia de revisión documental para hacer el llamado”. “Se había formado un grupo para orientar básicamente toda la información, se habían hecho consultas al Mades (...) para saber si necesitábamos o no una licencia para esto”, resaltó.
Destacó que el proyecto, de haberse implementado, hoy hubiera sido “la primera red municipal de incendio” del país y lo remarcó como un modelo sostenible en el que los locatarios pagarían una tasa por el servicio de prevención.
Con un tiempo de instalación estimado en 18 meses, el proyecto hoy debería estar plenamente operativo. En lugar de ello, la seguridad del Mercado y sus habitantes sigue siendo una materia pendiente, en tanto que los fondos del bono G7, que debían financiar la obra, ya no existen, según recientes declaraciones del jefe del Gabinete de Luis Bello, el abogado Máximo Medina.
Fiscalía investiga destino de bonos que eran para obras
Según recientes declaraciones ofrecidas a la Fiscalía, los bonos G7 y G6 (2020, G. 100.000 millones) fueron depositados en cuentas operativas de la Municipalidad, situación que oscureció la gestión del dinero y el análisis correspondiente por parte de la Junta Municipal. El circuito de ambas emisiones de bonos está siendo analizado por la Fiscalía.
De haberse dado una situación de lesión de confianza en la gestión de estos fondos, el o los responsables pueden enfrentar una pena de seis meses hasta cinco años de cárcel. Esto inclusive podría aumentar a diez años, en casos considerados graves.
“Si no tenías una enfermedad mental, asumiste una responsabilidad y generaste un perjuicio, destinaste a otra parte. La plata se usó para pagar campañas políticas (por ejemplo). Perjuicio patrimonial. Si eso está demostrado, entonces la lesión es una sanción aplicable”, explicó el fiscal Luis Piñánez, quien encabeza el equipo de investigación que analiza el uso que se hizo de los bonos.
Entre las obras pendientes que debían pagarse con el bono G7, se halla la modernización y revitalización de la Estación de Buses de Asunción (G. 18.000 millones) y la construcción del mirador en Itá Pytã Punta (G. 6.000 millones). Con el bono G6, por otro lado, se contaba con G. 10.000 millones para la refacción de plazas, pero el dinero habría sido redestinado a obras viales y hasta hoy la ciudad, en sus distintos barrios, presenta espacios abandonados y en pésimo estado.
