Desde el Mecanismo Nacional de Prevención dieron a conocer los principales hallazgos del informe, que revela la ausencia de un registro oficial de niños y adolescentes con referentes adultos privados de libertad, así como la falta de protocolos estandarizados para la actuación policial y judicial durante las detenciones que involucran a cuidadores principales.
Lea más: Hacinados y sin condena: Informe desnuda la realidad penitenciaria del país
En ese sentido, se advierte que esta situación genera altos niveles de desprotección y riesgo de vulneración de derechos, incluyendo la separación forzosa y la institucionalización innecesaria.
También pone de relieve la necesidad de que jueces, fiscales, defensores y fuerzas de seguridad identifiquen de modo temprano la situación familiar de las personas detenidas y procesadas, integrando un enfoque de derechos de la niñez en todo el proceso penal.
El análisis concluye que la privación de libertad de un padre o madre tiene efectos directos sobre la niñez, profundizando la desigualdad, el estigma y la exclusión social.
¿Cuáles son las recomendaciones?
El informe recomienda al Ministerio de la Niñez y la Adolescencia (MINNA) a desarrollar una política pública específica para la atención y protección de estos niños, mientras que al Ministerio de Justicia insta a generar mecanismos para mantener los vínculos familiares entre personas privadas de libertad y sus hijos.
En cuanto a la Corte Suprema de Justicia y el Ministerio Público, se recomienda aplicar medidas alternativas a la prisión cuando existan responsabilidades parentales, en tanto que a la Policía Nacional exhorta a elaborar un protocolo de actuación para garantizar la protección inmediata de los niños y adolescentes durante las detenciones.
También se recomienda al Congreso Nacional promover reformas legales que reconozcan la situación de esta población como una prioridad en la agenda de derechos humanos.
El informe fue elaborado por la comisionada nacional Claudia Sanabria, con la revisión de los comisionados Orlando Castillo y Sonia Von Lepel, el apoyo técnico de Juan Bautista Rivarola, Ricardo Lesme y Derlis Fernández, además de la cooperación de la Procuración Penitenciaria de la Nación (Argentina), en el marco del Proyecto FOAR para el fortalecimiento de los mecanismos de derechos humanos.
