El Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura (MNP) presentó este miércoles el Anuario Estadístico 2022 de Personas Privadas de Libertad, en el cual se describe la población penitenciaria y sus respectivas situaciones procesales.
Al 31 de octubre de este 2022, la población penitenciaria ascendía a 16.536 personas, de las cuales el 68% se encontraba con prisión preventiva y solo el 32% tenía una condena.
“Se tiene un aumento constante de la población, con una permanencia de las instituciones que se utilizan para el encierro: abuso de la prisión preventiva”, señala el informe.
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Asimismo, indica que en el año 2013, cuando se creó el MNP, había una población de 9.300 personas privadas de libertad y se observa un aumento por año de alrededor de 1.000 personas. Hasta octubre de este año, se había registrado ya el ingreso de 1.400 personas al sistema penal.
“La política de respuesta que se está dando a la conflictividad penal es el encierro, lo que preocupa al MNP”, cuestiona.
En ese sentido, califica de crítico el hacinamiento dentro del sistema penitenciario, según parámetros de derechos humanos. El sistema estaría preparado para albergar solo a 4.310 presos, con una diferencia poblacional de 12.428 personas más.
Para los criterios del Ministerio de Justicia, la capacidad es de 10.259, con una población actual superior de 6.479 presos, tomando el número de personas privadas de libertad que asciende a 16.738.
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Los cinco centros penitenciarios con mayor índice de hacinamiento son la Penitenciaría Nacional de Tacumbú, la cárcel de Ciudad del Este, Emboscada, San Pedro y Villarrica.
Entre los delitos y crímenes más comunes, está el robo agravado (3.171 presos), homicidio doloso (2.341), transgresión a ley de drogas (2.298), hurto agravado (1.658), abuso sexual en niños (1.411), violencia familiar (1.115) y coacción sexual (526).
Población adolescente
El informe detalla que 87,88% de los adolescentes se encuentran con prisión preventiva y solo el 12,12% tienen una medida definitiva.
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“La prisión preventiva se está utilizando de manera muy frecuente y desproporcionada con la población adolescente”, describe, además de señalar, que la edad en la que los adolescentes entran en mayor medida en conflicto con la ley es a los 17 años.
Población indígena
El MNP identifica como un grave problema la falta de registro de datos de la población indígena privada de libertad. “El Estado no conoce a qué etnia pertenece el 69% de la población indígena”, especifica.
La población indígena adulta es de 123 personas y la población indígena adolescente de seis personas, que se concentran en Concepción, Pedro Juan Caballero, Coronel Oviedo y el Centro Educativo de Ciudad del Este.
Población de mujeres
La población de mujeres privadas de libertad es de 757 y para el MNP sigue siendo una preocupación permanente la presencia de mujeres en pabellones penitenciarios de hombres, donde no son prioridad en la gestión del centro penitenciario.
Los delitos y crímenes más comunes por los que son privadas de su libertad las mujeres son transgresión a la ley de drogas (395), homicidio doloso (110), robo agravado (90), hurto agravado (80) y hurto (37).
“Es la misma sanción para quien envía 40 toneladas de droga al exterior como para las mujeres que venden las bolsitas o son mulas”, puntualiza.
