Una multitudinaria movilización ciudadana se desarrolló este miércoles en el km 48 de la ruta PY02, donde más de 500 personas provenientes de Atyrá, Tobatí y Caacupé se manifestaron en rechazo a una medida cautelar que autoriza la extracción de agua del acuífero Caacupé para un proyecto inmobiliario privado. La protesta tuvo un enfoque central y urgente: la defensa del agua como bien común, frente a lo que los participantes calificaron como un atropello del sector privado con el aval de un Poder Judicial que responde a intereses particulares.
Los manifestantes denunciaron que la disposición judicial se sustenta en un argumento falso, al alegar la existencia de una supuesta comunidad que requeriría provisión urgente de agua potable dentro del emprendimiento inmobiliario. Según afirmaron, dicha comunidad no existe. En contrapartida, señalaron que las comunidades reales –Atyrá, Sanja Hû y otros barrios– son las que hoy se encuentran amenazadas por la extracción indiscriminada del recurso hídrico.
De acuerdo con los referentes de la movilización, el agua del acuífero no sería utilizada para consumo humano, sino para alimentar una laguna artificial dentro del proyecto, lo que consideran una grave violación de la normativa ambiental vigente. Recordaron que el Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (Mades) ya resolvió que no se debe extraer agua potable del acuífero Caacupé, resolución que –denuncian– no está siendo acatada por la empresa ni respetada por la Justicia.
Durante la jornada, los ciudadanos exigieron garantías legales efectivas que precautelen los recursos hídricos de la zona. Asimismo, reclamaron la investigación de jueces que otorgan medidas cautelares a proyectos inmobiliarios sin sustento técnico, auditorías a las instituciones públicas y privadas que realizan estudios de impacto ambiental sobre los acuíferos, y una investigación profunda sobre las causas del secado de arroyos, pozos comunitarios y manantiales de agua dulce, conocidos como ycuá o yvu.
La movilización contó con un fuerte respaldo de autoridades locales. El intendente de Atyrá, Juan Ramón Martínez (ANR), encabezó la marcha junto a los concejales Diosnel Ferreira, Carmelo Martínez y Roberto Agüero. También acompañaron miembros de la Junta Municipal, como Gilberto Mendieta Fariña, José Candia e Yves Tanis, quienes resaltaron que la gestión y protección del agua potable constituye un eje fundamental para la vida y la economía local.
A lo largo de la ruta, los manifestantes expresaron su repudio con consignas directas hacia las instituciones cuestionadas, coreando frases como “¡Justicia corrupta!”, “¡Nuestra agua no se va!” y “¡Tribunal de Cuentas corrupta!”, en un clima de fuerte indignación social.
Los vecinos también señalaron directamente a la empresa Petrohue Real Estate SA, a la que acusan de estar construyendo un pozo artesiano en Atyrá sin licencia ambiental, hecho que –según indicaron– ya fue denunciado por el Mades. Habitantes de la compañía Sanja Hû calificaron la situación como un atentado grave contra el acuífero Caacupé y advirtieron que no permitirán que se seque la tierra por intereses particulares.
Los organizadores indicaron que la movilización se extendió por varias horas y no descartaron nuevas acciones, incluso más contundentes, ante la falta de respuestas concretas. Señalaron que se trata de una lucha que lleva más de un año y que cada día se sienten más atropellados por decisiones judiciales que, aseguran, vulneran la ley ambiental y ponen en riesgo el futuro hídrico de toda la región.
