El 28 de noviembre, el gremio de abogados elegirá a sus representantes ante el Consejo de la Magistratura. Uno de los postulantes es el abogado pasillero Emilio Acevedo González, quien inició una serie de recorridos por diferentes departamentos para reunirse con colegas y presentar su plataforma electoral. La inscripción oficial de candidaturas permanecerá abierta hasta el próximo 9 de octubre, conforme al cronograma electoral.
Acevedo sostiene que busca representar a los abogados que ejercen la profesión de manera independiente y que, a su criterio, no encuentran representación dentro de las estructuras tradicionales del gremio.
“Queremos representar a ese abogado sin voz, al abogado pasillero y buscar las reivindicaciones que necesita el gremio. Representamos una cara nueva, que se aleja de lo tradicional, de la misma cosa de siempre”, manifestó.
La propuesta del abogado fedatario
Uno de los principales ejes de su campaña es un proyecto de ley que plantea crear la figura del abogado fedatario, con el objetivo de otorgar a los abogados matriculados determinadas funciones de certificación en actuaciones judiciales y extrajudiciales.
De acuerdo con la iniciativa, los profesionales podrían realizar certificaciones de firmas, autenticación de documentos, actas de constatación, actas de manifestación, inscripción de certificados de adjudicación, certificación de anotaciones personales y otros actos que actualmente requieren la intervención de otros operadores.
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Según explicó el candidato, el proyecto ya fue presentado y propone que estas atribuciones sean ejercidas por abogados habilitados por la Corte Suprema de Justicia, bajo un régimen específico.
La iniciativa define la función fedataria como la facultad de certificar la autenticidad de hechos, actos y documentos en los casos previstos por la ley, con el argumento de agilizar trámites y ampliar el campo de actuación de los profesionales del derecho.
Pronunciamiento tras amenazas en Itapúa
En medio de la campaña, Acevedo también difundió un comunicado en el que expresó su rechazo a las amenazas denunciadas por abogados del Departamento de Itapúa.
En el documento reclamó al Ministerio Público y a la Policía Nacional medidas de protección para los profesionales afectados y sus familias, además de una investigación que permita identificar y sancionar a los responsables. Asimismo, sostuvo que el ejercicio de la abogacía no debe desarrollarse bajo intimidaciones ni amenazas.
