El presidente Mario Abdo vetó el proyecto de ley de incentivos y promoción del transporte eléctrico en el Paraguay, que pretende establecer un marco normativo que regule la promoción y el fortalecimiento de las políticas públicas de incentivo para el uso del transporte eléctrico en los sectores público y privado.
El documento establece como autoridad de aplicación al Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), a través del Viceministerio de Minas y Energías, y exonera por 10 años el impuesto a la importación de los vehículos y de los elementos relacionados con la carga.
El proyecto fue sancionado, pese a informes negativos de la Administración Nacional de Electricidad (ANDE) y de la Subsecretaría de Estado de Tributación (SET), teniendo en cuenta especificaciones técnicas; y que los costos de adquisición de esos vehículos superan en un 25% el costo de otros de la misma gama, pero no eléctricos.
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Según el veto, la SET expresó que en la parte final del inciso b) del artículo 2° del proyecto de ley sancionado, se equipara a los vehículos híbridos con los eléctricos, sin establecer proporción alguna al respecto. De esta forma, dicho texto va en contra del objeto y de la finalidad de la misma ley, pues los vehículos híbridos, además de su fuente de movilidad eléctrica, cuentan con un motor a combustión que emite gases de efecto invernadero, con lo cual no puede considerarse totalmente como un transporte de energía limpia.
Asimismo, sostuvo que el artículo 8 del proyecto de ley, la SET refiere que el proyecto va en contraposición con la equidad tributaria, teniendo en cuenta que con la reforma fiscal se dispuso expresamente la derogación de beneficios fiscales otorgados a determinados sectores o actividades, inclusive si refieren o actúen sin fines de lucrativos.
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Asimismo, argumentaron que los impuestos no son ni deben ser creados específicamente para un fin en particular, ya que ello rompe completamente el principio presupuestario de “no afectación”, según el cual todos los ingresos públicos se deben destinar de manera indistinta y global para cubrir las numerosas y complejas necesidades de los distintos sectores.
Alegaron que mantenerse estos incentivos para la importación sería inviable concretar la producción nacional de cualquiera de los elementos vinculados al complejo de la movilidad eléctrica (vehículos, partes, piezas, componentes de los centros de recarga, baterías, etc.). El documento regresa al Congreso Nacional.
