Se trata de la normativa que modifica varios artículos de la Ley 6707/2021, que declara bien público la investigación, desarrollo, fabricación y adquisición para la distribución gratuita a la población de las vacunas contra el Covid-19.
Los artículos, cuyas modificaciones fueron aprobadas, son los 2,3,4 y 5. La normativa tuvo una rápida promulgación del Ejecutivo, luego de ser aprobada el miércoles por la Cámara de Diputados y el jueves por la Cámara de Senadores.
La legislación otorga discrecionalidad y dispone la solución de los pleitos en tribunales internacionales, en torno a conflictos que pudieran acarrear la provisión de vacunas por parte de los laboratorios internacionales.
Uno de los argumentos de la iniciativa surgió porque las proveedoras de vacunas solicitan confidencialidad en los contratos que firmen con el Estado y que este se haga responsable del pago de las dosis.
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Pese a que la normativa tuvo un acelerado tratamiento, el debate en el Senado se centró en torno a si el documento vulnera la Constitución y las leyes, ya que permite mantener en reserva informaciones de carácter público.
Uno de los defensores del proyecto fue el senador cartista Antonio Barrios, quien insistió en que de la norma depende la vida de las personas ante la urgente necesidad de provisión de vacunas y que con la misma se podrá acelerar la compra de vacunas.
