Hubo posiciones a favor y en contra de la propuesta, aprobada apenas el miércoles en Diputados. El debate en el Senado se centró en torno a si el documento vulnera la Constitución y las leyes, pues otorga discrecionalidad y solución de los pleitos en tribunales internacionales, en torno a conflictos que pudiera acarrear la provisión de vacunas por parte de los laboratorios internacionales. De hecho, la iniciativa surgió porque las proveedoras de vacunas solicitan confidencialidad en los contratos que firmen con el Estado y que este se haga responsable del pago de las dosis.
Incluso se realizó una reunión con el procurador general Juan Rafael Caballero y con autoridades del Ministerio de Salud para analizar los alcances de la ley.
ARGUMENTOS. El defensor más enérgico del proyecto fue el senador cartista Antonio Barrios, quien subrayó que de la norma depende la vida de las personas ante la urgente necesidad de provisión de vacunas. Agregó que la aprobación de la ley acelerará la adquisición de vacunas.
Por su parte, el senador patriaqueridista Stephan Rasmussen manifestó su desacuerdo. “No puede ser que en cinco minutos que se presenta la ley nos corran con la vaina de que nosotros seremos los responsables. Si era urgente, por qué no se pidió con tiempo”, se preguntó.
Sobre el punto también se refirió el colorado Enrique Bacchetta, quien aceptó que haya críticas hacia el proyecto. No obstante, consideró que como es una ley que regirá sobre la compra de vacunas es necesaria y solicitó en ese sentido darle pronto trámite.
La senadora Desirée Masi reconoció que la provisión de las vacunas hoy tiene condiciones por parte de los productores. “La logística (flete) está atada a contar con las vacunas”, admitió.
Finalmente, el colorado Enrique Riera sugirió que si el problema es de desconfianza, lo adecuado es que todas las bancadas estén representadas al momento de la compra, y que los compradores y gestores se ciñan a los rigores de control y transparencia.
