El asesinato del fiscal Marcelo Pecci es considerado como el más grande atentado contra el sistema de Justicia. Ahora que se cumplen cuatro años de la muerte del fiscal especializado contra el Crimen Organizado, Narcotráfico, Lavado de Dinero y Financiamiento del Terrorismo se deben evaluar no solo los avances en la investigación de ese caso, sino también los avances como país para combatir al narco y al crimen organizado. Es grave y muy preocupante que en este tiempo, las autoridades aún no hayan identificado al autor intelectual del crimen.
El 10 de mayo de 2022, el fiscal Marcelo Pecci fue asesinado por dos sicarios en la playa de Barú en Cartagena, Colombia, mientras estaba de luna de miel. Muy pronto tras el atentado los medios colombianos daban a conocer detalles del ataque: Decían que el asesinato comenzó a gestarse desde el momento en que los responsables del crimen conocieron la presencia del fiscal y su esposa en Colombia, y que cinco hombres y una mujer se habían reunido para planificar el crimen.
Cuatro años después, Colombia ha sentenciado a 23 años y 6 meses de prisión a Wendre Still Scott, quien hizo el disparo, Eiverson Adrián Arrieta, el conductor, Marisol Londoño y Cristian Monsalve, hicieron el seguimiento al fiscal. Y también fueron condenados a 25 años y 6 meses de cárcel los hermanos Ramón y Andrés Pérez Hoyos, mientras que Margareth Chacón recibió una condena de 35 años.
Asimismo, debemos recordar que Francisco Luis Correa colaboró con la Justicia colombiana, recibió un perdón por el homicidio; sin embargo, fue asesinado en la cárcel de máxima seguridad de Colombia el año pasado. La colaboración de Correa hizo posible la detención de tres personas consideradas como financistas del crimen: Andrés y Ramón Pérez Hoyos y Margareth Chacón.
Lamentablemente, cuatro años después sigue sin ser respondida una pregunta fundamental: ¿Quién dio la orden del asesinato de Marcelo Pecci?
Al respecto, Claudia Aguilera, viuda del fiscal, lanzó un duro cuestionamiento a las autoridades por no haber todavía identificado al autor intelectual del crimen.
“Voy a entrar en otra etapa de mi vida en la que mi hijo me va a pedir explicaciones. Entonces, lo que yo ruego y suplico a la Justicia de acá, a la Fiscalía, a Colombia, Estados Unidos, a Italia, a todos esos países y a todos esos investigadores que respetaron a Marcelo Pecci, que me ayuden a que en este momento pueda tener todas las herramientas para decirle a mi hijo esto es lo que pasó y esto es lo que logramos”.
En este aniversario, el senador Rafael Filizzola comparó las diferencias en las investigaciones de Colombia con las de Paraguay, y sostuvo que aquí no se ha hecho nada para esclarecer la autoría moral del magnicidio. “Lo que tenemos hasta ahora es un fiscal general que dice que no se puede hacer nada. Lo único que escuchamos en casos de alto perfil es ‘no se puede’. ¡Y qué hipocresía! En la entrada del edificio del Ministerio Público hay un busto del doctor Marcelo Pecci, pero el fiscal general del Estado no honra la memoria”, dijo.
El crimen del fiscal Pecci, sin duda, fue un atentado contra del sistema de Justicia y representa una amenaza a la democracia. Precisamente una de las líneas de investigación que conducía Pecci condujo al Operativo A Ultranza Py, que había revelado el alto nivel de permeabilidad del narcotráfico en el Estado paraguayo. Este esquema involucraba a –como quedó expuesto– traficantes, lavadores de dinero con empresas de fachada, políticos, funcionarios, proveedores del Estado, diputados y senadores.
Esta penetración en las instituciones, develada por A Ultranza, expone la fragilidad de nuestro sistema, pues la corrupción corroe todo, municipios, gobernaciones, la Policía y la Justicia, quedando la estructura del Estado al servicio del crimen organizado.
No esclarecer la identidad del responsable intelectual del crimen del fiscal es faltar el respeto a su memoria.
Al mismo tiempo, ha quedado demostrado que las autoridades del Gobierno no han tomado en serio la amenaza y el desprestigio que implica que el país sea tan atractivo y hospitalario para los grupos criminales, precisamente por la debilidad institucional que caracteriza al Paraguay.
