Los magistrados Federico Rojas, María Luz Martínez y Dina Marchuk estudiaron el pedido de la abogada Isabel Sanabria, defensora del procesado Daniel Montenegro Menesez, de revisión de medidas cautelares.
La causa está para ser juzgada ante el Tribunal de Sentencia Especializado en Crimen Organizado. Supuestamente, junto a varias personas, era prestanombre del narcotraficante que cumple pena en el Brasil, Jarvis Chimenes Pavão.
La defensa argumentó que existía un exceso del plazo de la prisión preventiva, ya que está en prisión desde el 11 de julio del 2023, con lo que son 2 años, nueve meses y 13 días de prisión, con lo que lejos de una medida cautelar, ya se convierte en una pena anticipada en la causa.
Remarcó que con ello, la medida ya era arbitraria e incompatible con el principio de legalidad, razonabilidad y presunción de inocencia.
Además, indicó sobre la inexistencia de presupuesto para la competencia del fuero especializado, ya que la autorización judicial para realizar el operativo no cumplía con las condiciones legales.
Finalmente, dice que el proceso tenía vicios que lo hacían nulo, por incompetencia en razón del material, que era de orden público, lo que afectó el debido proceso. Con todos estos argumentos, solicitó la inmediata libertad.
Por su parte, el fiscal Andrés Arriola se opuso a la revisión, y sostuvo que los argumentos de la defensa eran propios de un juicio oral y no de una audiencia de revisión de medidas cautelares.
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Con ello, solicitó mantener la prisión preventiva del encausado, además de que la expectativa de pena era de 5 a 15 años, con lo que la pena mínima era de 5 años, plazo que no se cumplió a la fecha.
Tras estudiar el pedido, el Tribunal de Sentencia Especializado en Crimen Organizado rechazó la revisión de medidas planteada por la defensa.
Consideraron que persisten tanto el peligro de fuga como el de obstrucción, atendiendo la gravedad de los hechos y la expectativa de pena de entre 5 y 15 años. Además, recordó que el juicio oral aún no fue fijado.
De esta manera, el abogado seguirá con prisión preventiva a la espera del juicio oral.
Daniel Montenegro Menesez era esposo de la fiscala Katia Uemura, durante el operativo en el que finalmente fue detenido.
Está acusado por supuesto lavado de activos en asociación criminal, establecido por la ley antidrogas, y asociación criminal para lavado de dinero.
