Antes del inicio, la defensora Pública María Fernanda Laíno, que fue nombrada el día anterior, para defender a Montenegro, solicitó la suspensión. Esto fue concedido exclusivamente a favor del procesado, aunque este estuvo durante gran parte de la diligencia.
Los fiscales Ingrid Cubilla, Andrés Arriola y Elva Cáceres, ratificaron que el caso debe ser elevado a juicio oral. Sostuvo que el caso inició con las denuncias del Servicio Nacional de Catastro, que señalaban la existencia de personas físicas y jurídicas que tenían propiedades registradas que estaban relacionadas con el narcotraficante Jarvis Chimenes Pavão.
Fue así que inició la investigación que terminó con 26 acusados. Los bienes son de un valor multimillonario, cercano a los 150 millones de dólares. La fiscalía también pide el comiso.
Por su parte, la defensa de Adrián Brizuela pidió anular la acusación, el sobreseimiento definitivo, y el cambio de calificación. El caso sigue el martes a las 08:30.
