ALTO PARANÁ
El pedido de intervención de la Municipalidad de Juan León Mallorquín solicitado por la Junta Municipal se encuentra en pleno proceso en la Cámara de Diputados luego de ser remitido por el Poder Ejecutivo para su estudio. El intendente municipal, Elvio Coronel (Independiente), deberá comparecer en los próximos días ante una Comisión Especial de Diputados para ejercer su defensa. Dijo que está preparando su defensa y se mostró confiado en revertir la situación, que aseguró, no se justifica.
La medida fue solicitada tras un informe de la Contraloría General de la República (CGR), que señaló 24 presuntas irregularidades en el manejo de fondos públicos correspondientes al ejercicio fiscal 2023 y al primer semestre de 2024. Entre los puntos más cuestionados aparecen el giro de cheques al portador por montos millonarios, la compra de combustible por más de G. 1.900 millones sin la utilización de tarjetas magnéticas y obras con costos considerados sobrefacturados.
El jefe comunal afirma que las acusaciones carecen de fundamento y que su administración no incurrió en desvíos de recursos. Según Coronel, el informe de la Contraloría no constató irregularidades de carácter penal, sino emitió recomendaciones técnicas orientadas a mejorar la gestión.
ATAQUE. “Esto no es un ataque a Elvio Coronel, sino un ataque a la voluntad popular que me eligió. Estoy tranquilo porque sabemos que actuamos dentro de la legalidad. La Contraloría habló de ajustes administrativos y todas esas recomendaciones ya fueron implementadas. No hubo ni malversación ni faltas graves”.
Coronel considera que la decisión de la Junta responde a motivaciones políticas y a la cercanía de las elecciones del año 2026. “Se quiere instalar la idea de corrupción para desgastar a esta administración y abrir el camino a intereses electorales. Pero confiamos en que al presentar los descargos, la Comisión de Diputados comprobará que no existe razón alguna para una intervención”, insistió.
El pedido de intervención fue aprobado por siete concejales el 11 de agosto y fue enviado al Ministerio del Interior el 19 de agosto, posteriormente derivado a la Presidencia de la República el 10 de setiembre y, finalmente, en estudio en Diputados desde el 19 de ese mismo mes. “Nosotros no tememos a la transparencia, lo que rechazamos es que se utilicen informes técnicos como armas políticas”, subrayó.
JUSTIFICACIÓN. En contrapartida, el presidente de la Junta Municipal, Leandro Ramón Ovelar Viñales, sostiene que la intervención es necesaria para esclarecer hechos graves y garantizar un uso correcto de los recursos públicos. “El pedido no es político, es técnico y está basado en el trabajo de la Contraloría. Los documentos son claros y demuestran falencias que no pueden ser minimizadas. Cumplimos con los procedimientos legales para solicitar la intervención y remitimos todo lo actuado al Ministerio del Interior. La ciudadanía merece una gestión transparente”, expresó.
Ovelar asegura que el informe contiene pruebas suficientes para justificar la medida. “No se trata solo de un error administrativo, hablamos de cheques al portador por cifras millonarias, de compras de combustible sin controles adecuados y de obras con precios inflados. Un empedrado que debía costar quince millones terminó costando más de cincuenta, y ese es apenas un ejemplo. No podemos cerrar los ojos ante esto”, denunció.
aCLARA DUDAS. El concejal sostiene que la intervención permitirá despejar cualquier duda y establecer responsabilidades. “Si el intendente está tan seguro de su buena gestión, no debería temer. Una investigación transparente solo confirmará lo que él dice. Pero si hubo manejos indebidos, la Justicia tendrá que actuar con firmeza. No podemos permitir que la desconfianza se instale en la ciudadanía”, advirtió.
Además, Ovelar enfatizó que el caso sienta un precedente importante a nivel nacional. “Los pedidos de intervención deben analizarse con seriedad, sin criterios selectivos. No se puede proteger a un Municipio y castigar a otro por afinidad política”.
La diputada Rocío Abed solicitó que el pedido de intervención sea tratado en un plazo de quince días, lo que acelera el proceso. Una vez convocada la Comisión Especial escuchará los descargos del intendente y evaluará las pruebas presentadas por la Junta. El dictamen luego será debatido en Diputados, que tendrá la última palabra sobre si se aprueba o no la intervención de la Comuna.
