Han pasado prácticamente dos años desde que se hicieran públicas las denuncias en el caso denominado mafia de pagarés, y el sistema de Justicia sigue su lento andar. Mientras las víctimas de este esquema de estafa siguen siendo duramente perjudicadas, se están descubriendo nuevas formas de estafa. La Justicia pronta y barata sigue ausente especialmente para las miles de personas afectadas; el sistema está en deuda con estas personas y, al mismo tiempo, le está otorgando una sospechosa impunidad a los principales responsables.
Mientras la Justicia sigue a un paso lento, es importante hacer el seguimiento de los casos en el sistema de estafa de mafia de los pagarés y continuar apoyando a las víctimas. Uno de los casos que se hizo público es el de Liz Prieto quien tiene cuatro títulos, ejerce la docencia y, además, debe dedicarse a varios emprendimientos para poder enfrentar los embargos por las injustas demandas de diferentes empresas.
A la docente le están descontando desde el año 2017; ya pagó G. 104.037.906, por haber comprado un microondas y por un crédito de G. 1 millón. Su deuda nunca paró de crecer mientras continúa la impunidad para los investigados: Jueces, ujieres, otros actores de Justicia, abogados y empresas. Liz ya logró que le devolvieran G. 7.349.838, pero esto solo representa el 7% de todo lo que ya le despojaron.
Otros dos casos hechos públicos recientemente refieren a dos familias que por haber sido estafadas pueden hoy perder sus hogares. En el primer caso, una mujer fue demandada ante el Juzgado de Paz de Santísima Trinidad de Asunción en el 2022 y la sentencia de remate salió en el 2025, luego se remató la propiedad y el nuevo propietario se acercó a reclamar. La persona vive hace más de 30 años en el lugar y desconoce la supuesta deuda.
En el segundo caso, una mujer supo recientemente que su casa tiene una sentencia de remate, y supo solo cuando a su hija le llevaron la notificación de la resolución. Se informó que la casa podría ser rematada para cobrar G. 30 millones que la víctima supuestamente adeuda, aunque el valor de la propiedad supera este monto.
Asimismo, ha corrido lenta la investigación de una denuncia presentada por un grupo de víctimas ante la Unidad de Delitos Económicos de la Fiscalía contra las firmas Manager SRL y Asistencia Integral Financiera (ASIF), que forman parte de un mismo grupo empresarial, habrían operado en un esquema crediticio que habría dejado atrapados a docentes y enfermeros en un círculo interminable de deudas, desde hace una década.
Hace unos días, el senador Rafael Filizzola, presidente de la Comisión Especial del Senado que investiga la mafia de pagarés informó en redes sociales sobre una nueva modalidad de estafa. Explicó que en el Banco Nacional de Fomento otorga créditos sin contar con el perfil crediticio requerido, con grandes facilidades, para luego apropiarse del dinero, bajo engaños. En este caso las víctimas son personas con discapacidad. Dice el senador que este caso no es solo un error en la ventanilla, sino una práctica criminal que involucra desde los funcionarios intervinientes hasta la alta conducción. “Hubo fallas graves en la supervisión bancaria. Estamos ante varias infracciones relativas al ámbito bancario y también es necesario evaluar eventuales responsabilidades penales. Un tercero se quedó con los G. 30 millones e Isabelino sigue pagando el préstamo por descuento directo de su salario. Este no es el único que estamos dando seguimiento, pero esta causa particular genera indignación”. Ya se pidió la intervención de la Superintendencia de Bancos y será presentada la denuncia correspondiente.
Como decía el abogado Jorge Rolón Luna, quien había sacado a luz el esquema de estafas, las empresas de cobranzas, “casas de créditos, estudios jurídicos y abogados, sabían lo que estaban haciendo y el alcance del esquema de estafa masiva”. Agregaba que los directivos, dueños y accionistas deberían saber que las firmas eran tenedoras de títulos de crédito o pagarés por G. 100 millones y que por los mismos terminaban cobrando G. 5 mil millones. En esa misma línea, jueces y actuarios judiciales y todos los que forman parte del sistema también deben ser duramente castigados.
