10 sept 2026

Tres abogados imputados por falsificar firma de una fallecida para transferir inmueble en Presidente Franco

La Fiscalía imputó este lunes a tres abogados por presuntamente falsificar la firma de una mujer fallecida para transferir un inmueble en Presidente Franco, Departamento de Alto Paraná.

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Los imputados habrían gestionado informes y regularizaciones ante el Servicio Nacional de Catastro, presentando documentación con firmas atribuidas a la propietaria fallecida.

Foto referencial: st.depositphotos.com.

El fiscal Alberto Torres, de Presidente Franco, presentó imputación contra los abogados Ever Editt Vera Barrientos, Alex Rodrigo Vera Godoy y Rodrigo Javier López Farías, por haber ejecutado presuntamente una maniobra irregular para transferir y disponer de un inmueble perteneciente a una clienta ya fallecida, utilizando documentación supuestamente falsa y continuando trámites sin respaldo legal vigente.

De acuerdo con la investigación del Ministerio Público, la operación se habría iniciado a partir de poderes otorgados en 2011 y 2014 por la propietaria del inmueble, los cuales habrían sido utilizados como base para una serie de gestiones posteriores.

Sin embargo, tras el fallecimiento de la titular en junio de 2017, los profesionales habrían continuado actuando como si el mandato siguiera vigente, ocultando deliberadamente la muerte de la poderdante.

Según la imputación, los abogados se habrían presentado ante una escribanía para gestionar la transferencia del inmueble identificado como Finca 1851, Padrón 1153, de Presidente Franco, avanzando en el trámite sin informar la extinción del poder por fallecimiento.

Posteriormente, habrían gestionado informes y regularizaciones ante el Servicio Nacional de Catastro, presentando documentación con firmas atribuidas a la propietaria fallecida.

La investigación sostiene que la maniobra se habría consolidado el 25 de octubre de 2022, cuando se formalizó la transferencia del inmueble mediante escritura pública a favor de uno de los propios abogados procesados, lo que constituye el punto central del esquema investigado por el Ministerio Público.

Asimismo, en etapas posteriores del proceso judicial de desalojo, los mismos profesionales habrían presentado escritos de impulso procesal utilizando nuevamente documentos atribuidos a la propietaria ya fallecida, lo que permitió la continuidad del litigio y la emisión de una orden de desahucio que derivó en el desalojo de familias ocupantes del inmueble.

El Ministerio Público sostiene que estas actuaciones habrían formado parte de una estrategia coordinada para disponer del bien sin intervención válida de la legítima propietaria, generando la transferencia del inmueble a favor de uno de los abogados involucrados y afectando derechos de terceros ocupantes.

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