Es muy importante que finalmente la Fiscalía General del Estado haya decidido conformar un equipo de fiscales para investigar las denuncias que se venían formulando, respecto de una presunta estructura de desinformación digital, denominada también campaña sucia, y atribuida al Gobierno. Los hechos, de forma preocupante, son un amargo recuerdo de la dictadura.
Durante la dictadura de Alfredo Stroessner, que duró 35 años (1954-1989), no había libertad de expresión, y las escasas voces independientes estaban censuradas. Los medios de comunicación sufrían persecución y se dictaba cárcel para periodistas por emitir opiniones que no gustaban al dictador.
Eso cambió con el advenimiento de la democracia. La Constitución Nacional de 1992 incluyó protecciones para las libertades, entre ellas las de expresión y de prensa, y el derecho ciudadano a informarse.
El artículo 26 declara que está garantizada la libre expresión y la libertad de prensa, así como la difusión del pensamiento y de la opinión, sin censura alguna, sin más limitaciones que las dispuestas en la Constitución; tampoco se dictará ninguna ley que las imposibilite o restrinja. El artículo 27 dice que el empleo de los medios masivos de comunicación social es de interés público y que no se los podrá clausurar ni suspender su funcionamiento.
Los paraguayos tienen garantizado su derecho a recibir información veraz, responsable y ecuánime, pues así lo garantiza y establece la Carta Magna en su artículo 29, por la que asegura a los periodistas su derecho a no ser obligados a actuar contra los dictados de su conciencia ni a revelar sus fuentes de información.
Estas son las bases de nuestra convivencia democrática, producto de aquel gran pacto democrático que supuso la Constitución que surgió tras el fin de la larga y cruenta dictadura. Estos son principios a los que ningún ciudadano debe renunciar, y es oportuno recordar estos principios, especialmente en momentos como los que estamos viviendo.
Actualmente, se está discutiendo sobre graves denuncias acerca de un presunto esquema de campaña sucia, pagada con dinero público sin transparentar.
Tras semanas de denuncias, la Fiscalía se había resistido a abrir una investigación sobre la estructura montada –supuestamente desde el Gobierno–, pese a que se había revelado que un militante colorado de nombre Juan Roberto Jimmy Villaverde Emategui estaba ligado a las páginas de ataques, y era funcionario del Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicación (Mitic), teniendo incluso carnet oficial.
Finalmente, hace unos días, el fiscal general del Estado, Emiliano Rolón, decidió conformar un equipo de agentes fiscales para indagar los hechos. Los agentes deberán esclarecer las denuncias que vinculan a funcionarios de dependencias oficiales, incluyendo la Presidencia de la República y la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT), en la supuesta coordinación de cuentas falsas destinadas a hostigar a opositores y trabajadores de prensa.
La Fiscalía General del Estado designó a las fiscales Marlene González, Laura Giacomo y Ruth Benítez para investigar las denuncias de una presunta estructura de desinformación digital, denominada también campaña sucia, atribuida al Gobierno de Santiago Peña, que habría operado a través de plataformas digitales y que, de acuerdo con las revelaciones de las últimas semanas, habría movilizado importantes recursos económicos.
En cuanto al tema de promover una estructura que respalda una campaña de persecución a quien piensa diferente o es crítico al Gobierno debemos ser muy firmes; eso es inadmisible en nuestro sistema democrático. En este caso, como se está sugiriendo que la denominada campaña sucia se habría financiado con fondos públicos es todavía más urgente que el asunto sea investigado por la Fiscalía con absoluto rigor e independencia, ya que compromete nada menos que al estado de derecho.
Ya el año pasado, la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) había alertado en un informe, acerca de la presión gubernamental contra las voces críticas y las “tendencias autoritarias del oficialismo”, así como también la presión contra la oposición en el Congreso, y la manipulación de la pauta publicitaria estatal como herramienta de presión económica.
No podemos volver a repetir la historia. Como en tiempos de la dictadura de Stroessner, quien se atribuía el poder del mito histórico de los emperadores de bajar el pulgar a los “malos periodistas”.
