Los jueces Matías Garcete, Sonia Sánchez y Adriana Planás, que deben juzgar esta causa de la mafia de los pagarés, mencionaron que están liderando al mismo tiempo 14 juicios orales complejos, como el de Arnaldo Giuzzio, Armando Gómez, Dany Durand y otros, por lo que decidieron posponer el de la ex jueza Nathalia Garcete hasta el 2027.
Le dieron intervención al abogado Ricardo Preda, quien representará al acusado José Ignacio Olmedo Lansac. Preda solicitó las copias y además que se posponga el juicio previsto para el lunes de la semana próxima.
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La respuesta del Tribunal fue la de conceder las copias y que tienen acceso digitalizado al expediente judicial y la carpeta fiscal y luego la de suspender la audiencia.
En la causa, en junio pasado, Nathalia Garcete había planteado a través de su abogada Raquel Talavera una excepción de inconstitucionalidad en contra de la norma que tipifica el prevaricato. Con ello, no se podrá dictar sentencia en el juicio oral hasta tanto la Corte se pronuncie.
Jueza acusada por supuesto prevaricato
La ex jueza Nathalia Guadalupe Garcete (del Juzgado de Paz de la Catedral 2° Turno) está acusada por los hechos punibles de prevaricato y uso de documentos públicos de contenido falso, junto a 13 personas más, entre ellos, José Ignacio Olmedo Lansac, representante convencional de la empresa Compañía Administradora de Riesgos SA (Carsa).
Los fiscales Belinda Bobadilla, Leonardi Guerrero y Jorge Arce, de la Unidad de Delitos Económicos y Anticorrupción, acusaron a Garcete de haber dictado resoluciones en 97 expedientes, supuestamente violando la ley, sin que las víctimas sean notificadas de los juicios.
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Ella seguía como jueza suspendida, hasta que en noviembre de 2025, el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM) resolvió por unanimidad removerla de su cargo, por mal desempeño de funciones.
La magistrada fue señalada por actuar de forma “indolente, descuidada y negligente”, conducta que derivó en la mafia de los pagarés. Se comprobó además que firmó resoluciones sin fecha.
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Se probó que la magistrada no puso fecha en resoluciones de 27 expedientes de acción preparatoria de juicios ejecutivos, que desembocaron en juicios ejecutivos donde terminaron embargando a víctimas, “en detrimento del patrimonio y condiciones personales, sociales, económicas hasta de salud”.
